La muerte de la educadora social Belén Cortés: decretan autores del asesinato a dos menores y como cómplice a la chica
Los tres acusados han declarado hoy sobre los hechos que ocurrieron el pasado mes de marzo, cuando ellos tenían edades comprendidas entre los 14 y los 17 años
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El juicio por la muerte de la educadora social Belén Cortés, presuntamente a manos de tres menores a los que atendía en un piso tutelado de Badajoz, ha quedado visto para sentencia tras las tres sesiones celebradas a puerta cerrada los días 29, 30 y 31 de octubre en el Juzgado de Menores de la capital pacense.
La acusación pide seis años de internamiento
La acusación particular, ejercida por el abogado Raúl Montaño en representación de la familia de la víctima, ha modificado sus conclusiones iniciales y se ha alineado con la Fiscalía, al considerar que dos de los menores fueron autores del asesinato y una tercera menor, cómplice.
La acusación solicita seis años de internamiento en régimen cerrado para los tres acusados, aunque en el caso de la joven que tenía 17 años en el momento de los hechos la pena disminuye por su edad: "Se ha rebajado a seis años, por ese motivo". En este caso concreto, Fiscalía pide 5 años.
"El delito que ésta parte pretende es el de asesinato. Otra cosa es la participación de cada uno. Entonces, la participación entendemos que hay dos menores que corresponden a autoría, son autores, y la otra menor sería cómplice. Pero en cuanto al delito, la pretensión que tiene la acusación particular es la del homicidio agravado, en este caso asesinato", ha especificado, junto con que en el caso de los dos menores que considera autores pide 6 años.
Montaño ha explicado que, tras valorar la prueba practicada durante el juicio, “la acusación particular ha hecho modificaciones en cuanto a la autoría o participación de uno de los menores”, insistiendo en que el delito imputado es el de asesinato.
La familia de Belén Cortés reclama una indemnización de 600.000 euros
Tanto la acusación como el resto de las partes coinciden en señalar a la Junta de Extremadura como responsable civil directa del caso. La familia de Belén Cortés reclama una indemnización de unos 600.000 euros. La Junta, sin embargo, rechaza esa responsabilidad directa y sostiene que, en todo caso, sería subsidiaria, por lo que solicita reducir la cuantía.
La defensa pide la absolución: "No se acredita su autoría"
El abogado José Duarte, defensor por el turno de oficio de uno de los menores, ha pedido la absolución de su cliente al considerar que “no se ha acreditado su autoría”.
Aun así, ha subrayado que los hechos “se podían y se debían haber evitado”, y ha criticado la falta de actuación de la Administración pese a las reiteradas alertas y peticiones de ayuda. Según Duarte, la Junta de Extremadura debía haber velado por la seguridad tanto de los menores como de los trabajadores, y “nunca deberían haber coincidido perfiles de menores tan conflictivos en un mismo recurso”.
Petición de eximir a los padres
El abogado Fernando Cumbres, que representa al padre de uno de los menores, ha solicitado que se exima a los progenitores de la responsabilidad civil, argumentando que su cliente actuó diligentemente al informar a la Junta y a la empresa Cerujovi, gestora del piso tutelado, sobre las fugas y los fallos de seguridad.
“El deber de vigilancia correspondía a la Junta y a la empresa concesionaria”, ha señalado Cumbres, que considera que ambas deben abonar la indemnización íntegra a la familia de la víctima.
Se ha reclamado a la Administración reforzar protocolos de seguridad, actuales son “inexistentes o insuficientes”
"Me parece muy bien, pero desde luego es ineficiente, poco práctico. No se indica realmente qué es lo que se ha hecho y qué medidas o qué medios hay para poder evitar agresiones, para poder evitar situaciones de indefensión, para poder evitar fugas de menores o para poder evitar que un menor, como fue el caso del hijo de mi cliente, se marchara del centro y estuviera en una situación digamos de desamparo, no quiero entrar en ella, durante una semana", ha apuntado, para concluir que "eso es lo que no termina de explicar la Junta" y cree que debería haberse explicado y expuesto.