Acusan a una mujer de cobrar la pensión de su marido fallecido durante ocho años en Zaragoza: "Yo no intenté engañar a nadie"
La procesada ha declarado que no era consciente de que estaba recibiendo esa paga de forma ilegal
Piden cárcel para una viuda en Alicante que no comunicó la muerte de su marido para cobrar siete años la pensión
Una mujer llamada Lucinda ha sido acusada de haber cobrado la pensión de su marido fallecido durante ocho años. Según informa 'Heraldo', se enfrenta a tres años de cárcel y a una multa de 150.000 euros. La procesada ha declarado que no era consciente de que estaba recibiendo esa paga de forma ilegal.
La acusada, de origen ecuatoriano, ha afirmado que en las últimas décadas ha vivido algunas temporadas en su país natal y otras en la capital aragonesa, donde vive su hijo y sus nietos. En enero de 2016 murió su marido, con quien llevaba casada desde 2014. La mujer ha destacado que días después informó al consulado de Estaña en Quito de que su esposo había fallecido pero no se puso en contacto con la Seguridad Social.
La mujer llegó a cobrar 100.000 euros
La procesada ha estado cobrando desde 2016 hasta 2024 la pensión de jubilación de su difunto marido. La mujer ha reconocido en el juicio que durante esos años hizo transferencias a sus familiares y que sacó cerca de 8.000 euros en efectivo. Así, insistió en que ha cobrado 800 euros por la pensión de su marido pero que este ha sido su único ingreso.
La mujer ha recalcado que hasta 2024 no empezó a cobrar su pensión de viudedad que asciende a 900. En 2024, la acusada viajó a España para renovarse el DNI y se enteró de que había cobrado ilegalmente cerca de 100.000 euros.
“Yo no intenté engañar a nadie", ha dicho en el juicio
El Instituto Nacional de la Seguridad Social le reclama 50.000 porque pudieron recuperar las prestaciones cobradas entre 2020 y 2024. “Yo no intenté engañar a nadie ni era consciente de que estaba haciendo algo mal”, ha reiterado. En el juicio ha declarado una médico forense que sostuvo que la acusada no presentaba alteraciones psíquicas y que tenía suficiente capacidad para darse cuenta de que no era normal recibir ese dinero.
La Fiscalía ha acusado a Lucinda de un un delito contra la seguridad social y solicita para ella una pena de tres años de prisión y una multa de 150.000 euros. La fiscal ha afirmado que la explicación de la procesada es "muy poco convincente" y ha subrayado que el BBVA ha incumplido la obligación de comprobar si el cliente seguía vivo o no. El tribunal tendrá que decidir si es el banco o la acusada quien indemniza a la Seguridad Social.