Los profesionales de los servicios sociales han advertido del riesgo social, además del sanitario, que puede suponer las medidas de aislamiento en centros residenciales por el miedo al coronavirus sin justificación. Consideran que se puede “generar efectos muy negativos para la salud y bienestar” de los mayores y que las medidas tomadas al margen de las autoridades sanitarias son "irracionales y antisociales".
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha alertado de que más allá de las consecuencias sanitarias y del impacto económico que está teniendo el coronavirus, hay otros riesgos sobre la convivencia si se "sobreactúa" con medidas de aislamiento adoptadas al margen de las autoridades sanitarias. Y es que este fin de semana la Comunidad de Madrid ha decidido cerrar 213 hogares y clubes de mayores que hay en la región a causa del COVID-19.
Denuncian que es "irracional y antisocial" la decisión de algunas residencias de mayores de prohibir la entrada a familiares y visitas, así como la salida de los residentes.
"Un confinamiento al margen de cualquier medida aconsejada por las autoridades sanitarias vulnera derechos fundamentales de las personas y es de una crueldad inaudita, aunque argumenten que lo hacen 'por el bien de esas personas' vulnerables; pero una residencia de mayores aislada del exterior, es la imagen viva de un gueto", indica.
"Del aislamiento a su estigmatización como lugares que amenazan la salud de las personas, hay un paso", alerta la asociación de profesionales de los servicios sociales, que expresa su intención de presentar denuncias contra los responsables de estos centros que adopten medidas injustificadas y contra las autoridades que las consientan.
Recuerda que los servicios sociales atienden a casi 400.000 personas en residencias de mayores, otras 100.000 más en centros de día y 450.000 con el servicio de ayuda a domicilio. En casi un millón de hogares se presta acompañamiento con teleasistencia y los centros de convivencia de mayores tienen más de 4 millones de socios.
Además, los servicios sociales atienden a 43.000 personas con discapacidad en centros residenciales y a 80.000 en centros ocupacionales; en albergues y viviendas se acoge a 20.000 personas sin hogar, explica la asociación.