El 28 de julio de 2009 dos presos japoneses y un recluso chino fueron los últimos en ser ejecutados en Japón, donde el máximo castigo está rodeado desde hace décadas de secretismo: se aplica sin aviso previo a los condenados, sin testigos y siempre en la horca.
Japón es con Estados Unidos el único país desarrollado que mantiene en su sistema legal la pena capital y la población lo aprueba mayoritariamente para los casos de sangre, en índices que superan el 80 por ciento, según admite Amnistía Internacional (AI).
"Al menos podemos valorar favorablemente que haya pasado un año sin ejecuciones en Japón, pero la situación no ha cambiado con respecto a hace un año", dijo hoy a Efe Makoto Teranaka, director de la división nipona de AI.
La causa de que durante un año no haya habido ejecuciones es que la ministra de Justicia, Keiko Chiba, es una abogada progresista y conocida abolicionista que no ha firmado ninguna sentencia de muerte y que desde que llegó al Gobierno, en septiembre pasado, ha optado por la cautela.
El director de AI confesó su decepción con Chiba, que desde que es ministra "no ha dicho nada" sobre una posible moratoria de las ejecuciones ni otros aspectos controvertidos, como el alto número de sentencias condenatorias o la necesidad de grabar con vídeo los interrogatorios policiales, que favorecía cuando no era ministra.
En una rueda de prensa, Keiko Chiba alegó hoy que, como ministra de Justicia, "no puedo justificarme abiertamente" de por qué no hay en Japón más ejecuciones, que calificó como un castigo "muy grave".
En sus escasas declaraciones sobre la polémica, la ministra ha admitido que es de su competencia autorizar las ejecuciones y ha pedido "prudencia" a los jurados populares -recientemente introducidos en Japón- a la hora de condenar a muerte.
En Japón hay un centenar de presos en el "corredor de la muerte" y pueden ser llamados en cualquier momento a la horca, pues la fecha de la ejecución le es comunicada el mismo día a él y a su familia.
Keiko Chiba fue nombrada ministra de Justicia el pasado 16 de septiembre con la llegada al Gobierno de Japón de un nuevo partido, el Democrático (PD), tras más de medio siglo de dominio conservador.
El nuevo Ejecutivo se manifestó entonces dispuesto a abrir un debate público sobre la pena de muerte y varios de sus miembros se mostraron abiertamente contra el máximo castigo, que desde entonces no ha vuelto a ser aplicado, pero los defensores de los derechos humanos quieren más.
Como AI, la Federación de Asociaciones de Abogados de Japón ha pedido repetidamente una moratoria que permita revisar ese sistema y argumenta que los temas que competen a los derechos humanos no deben ser decididos por la opinión pública.
Yuji Ogawara, de esa Federación, declaró hoy a Efe que es preciso crear un grupo de trabajo que estudie una posible moratoria y transmitir suficiente información a la población, al tiempo que criticó el secretismo que rodea la pena de muerte en Japón.
"No sabemos por qué se elige a unos y no a otros -algunos ejecutados tenían 70 años- y ha habido casos de posibles inocentes. Se debería informar a la familia antes de las ejecuciones y tampoco se sabe si hay mucha seguridad en el uso de la horca", dijo Ogawara.
Esta no es la primera vez que hay una moratoria oficiosa de la pena de muerte en Japón, pero sí la más larga desde principios de los 90.
Si en este caso la razón han sido las convicciones personales de la ministra, en la anterior ocasión, de octubre de 2005 a septiembre de 2006, fue porque el titular de Justicia era budista y se negaba a firmar ejecuciones.
Con anterioridad y durante más de cuatro años, entre noviembre de 1989 y marzo de 1993, tampoco hubo ejecuciones en Japón, debido también a las creencias religiosas del entonces responsable de Justicia y a un cambio de Gobierno similar al actual.
Patricia Souza