Parricidio de Godella: errores burocráticos, secta, paranoia y un final atroz del que el padre intentará culpar a la madre

La pareja acusada de asesinar a sus dos hijos en un ritual practicado en una casa de campo ubicada en la localidad valenciana de Godella en marzo de 2019 se sientan hoy en el banquillo de los acusados. Tanto el hombre como la mujer serán juzgados en la Audiencia de Valencia, ante un jurado popular. El hombre se enfrenta a una pena de 50 años de prisión --tal y como reclama la Fiscalía-- por dos delitos de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco, mientras que para la mujer solicita una medida de internamiento médico al apreciar la eximente completa de anomalía psíquica. Fiscalía les solicita, además, en materia de responsabilidad civil, el pago de una indemnización para los abuelos paternos y maternos de 300.000 euros por los daños morales ocasionados.

La madre es inimputable porque padece una esquizofrenia de tipo paranoide que le fue diagnosticada como ansiedad meses antes del crimen. Para ella la Fiscalía solicita 25 años de internamiento médico. El padre no sufre ningún tipo de enfermedad mental. Teniendo en cuenta esto, la defensa del padre intentará culpar a la madre de los asesinatos defendiendo que lo hizo por los delirios, voces y paranoias que sufría al tener un brote esquizofrénico.

Los acusados eran pareja de hecho desde 2011 y, tras vivir en diversos lugares de Europa y España, en torno a los meses de febrero-marzo de 2017 se instalaron en una casa de campo de Godella que ocuparon ilegalmente y arreglaron para hacerla habitable, tal y como se desprende del escrito fiscal. La vivienda estaba ubicada en una parcela rodeada de terrenos de cultivo y tenía un pequeño jardín y una piscina. Los acusados tuvieron dos hijos en este tiempo, en 2015 y 2018.

La pareja, consumidores de drogas, tenían el chalet en un estado desastroso en Rocafort, en Valencia. La vivienda, según fuentes de la investigación, carecía de los servicios más básicos. No tenían nevera y los agentes encontraron comida en avanzado estado de putrefacción, con colchones por los suelos y suciedad generalizada.

La pareja compartía creencias místicas-religiosas y, así, creían en la regresión, en la purificación de las almas mediante baños de agua y en el renacimiento de las almas tras la muerte de los cuerpos. Estas creencias, inicialmente profesadas por el hombre, fueron poco a poco asumidas por su pareja tras la constante reiteración de él. Ambos acusados tenían y compartían así mismo las ideas consistentes en la existencia de una secta que les perseguía y asediaba, que abusaba sexualmente de su hijo y que tenía la intención de secuestrarlos.

Consideraban que la secta estaba integrada por diferentes personas, incluso por los familiares y amigos de la mujer. Hasta tal extremo estaban convencidos de ello que durante las noches estaban en vigilia para evitar ser atacados por miembros de la secta y que sus hijos fueran secuestrados.

Durante los meses iniciales de 2019, esas creencias e ideas de los acusados se vieron incrementadas fundamentalmente por dos acontecimientos: el hecho de que hubieran sido denunciados por la ocupación ilegal de la vivienda que habitaban; y porque la madre de ella, viendo la actitud, el estado y la conducta de los acusados, estaba continuamente pendiente de ellos por miedo a que les pasara algo a sus nietos.

De hecho, la tarde anterior al infanticidio, tras un calvario administrativo que no dio resultado, la abuela materna se sentó ante el juez de guardia de Valencia y relató su temor a que les ocurriera algo a los niños, ofreciéndose a hacerse cargo de ellos. Pero todos los protocolos fallaron y no se decretaron medidas urgentes.

De este modo, los acusados, impulsados por sus creencias e ideas, tomaron la determinación de que la única forma de proteger a sus hijos del asedio del que eran objeto era, previo un baño purificador de sus almas, terminar con sus vidas y enviarlos al más allá para que posteriormente pudieran revivir.

Así, entre las 22 horas del 13 se marzo de 2019 y las 4 horas del día siguiente, los acusados, actuando de común acuerdo, primero bañaron en la piscina de la casa a los menores para purificarlos y posteriormente les propinaron multitud de violentos golpes, fundamentalmente en la zona de la cabeza, bien con un objeto contundente o bien contra el suelo. Como consecuencia de la agresión, los niños sufrieron sendos traumatismos craneoencefálicos, con múltiples fracturas craneales y lesiones encefálicas que les provocaron la muerte.

Tras ello, enterraron los cuerpos sin vida en diferentes sitios de la parcela donde se ubicaba la vivienda. En ese momento la mujer padecía una esquizofrenia de tipo paranoide, que se encontraba en fase de brote agudo, que anulaba las bases psicobiológicas de su inteligencia y voluntad.