Está castigada por el artículo 143 del Código Penal, que establece pena de prisión, aunque con matices según el caso: En primer lugar se recoge que quien “induzca al suicidio de otro” será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. En un segundo apartado se añade que se impondrá una pena de dos a cinco para quien “coopere con actos necesarios al suicidio de una persona” y el castigo se eleva a penas de entre seis a diez años se la cooperación llega “hasta el punto de ejecutar la muerte”.
Sin embargo, en una cuarta anotación se rebaja “en uno o dos grados” la condena para otro tipo de casos. Se trata de situaciones en los que la persona que coopere o cause con “actos necesarios y directos” la muerte de otra persona sea “por petición expresa, seria e inequívoca de éste” y tratándose de un caso en el que la persona sufra una enfermedad grave “que conduciría a su muerte o produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar”.
El Congreso respaldó la proposición de ley del PSOE para regular la eutanasia como un derecho individual y para que se convirtiera en una prestación del sistema sanitario. Sin embargo, esta propuesta se encontró con problemas: el voto en contra del Partido Popular y con las reticencias de Ciudadanos.
La ley de la eutanasia se atascó en el Congreso dado que PP y Ciudadanos, con su mayoría, ampliaban el plazo de enmiendas. Sin embargo, el apoyo del PSOE a la ley de muerte digna, iniciativa emprendida por Ciudadanos a favor de los cuidados paliativos de calidad en todas las comunidades, podría haber hecho que Ciudadanos se replanteara su posición con respecto a la eutanasia. Mientras tanto, el debate en la sociedad continúa. Dos familias de personas con enfermedades incurables entregaron en el Congreso 280.000 firmas a favor de la despenalización de la eutanasia.