La mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, reforzada por el voto de los senadores socialistas ha dado luz verde a esta norma que contó con numerosas enmiendas del resto de grupos (Compromís, Ciudadanos, PDeCAT y Unidos Podemos, junto a sus confluencias) y que
La polémica de esta ley ha surgido a raíz del citado artículo '58 bis' que establece que "la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas".
Además, el nuevo artículo indica que "los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral".
Las primeras voces críticas han surgido de representantes de Podemos que aunque apoyaron este texto durante su trámite en el Congreso ahora han avisan de los peligros que supone esta ley para la privacidad de los ciudadanos.
La senadora Celia Cánovas ha puesto el dedo en la llaga al señalar que "La aplicación de este texto que puede dar vía libre a los partidos políticos para elaborar perfiles ideológicos de los ciudadanos y ciudadanas. La actual legislación otorga a los datos ideológicos de la ciudadanía una protección de carácter especial. Sin embargo, la nueva LOPD supone una peligrosa involución en este sentido. Resultaría muy peligroso que los partidos políticos tuvieran vía libre, sin previa autorización, para contactar con los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, realizar perfiles ideológicos y, además, almacenarlos para fines distintos a los electorales".
La advertencia a cerca de estos peligros ha llevado a la formación morada a anunciar que llevará la norma aprobada hasta el Tribunal Constitucional.
El experto en derecho, estrategia y comunicación digital, Borja Adsuara cree, en declaraciones a Informativos Telecinco que será el Alto Tribunal el que aclare si "algo que es legal porque está en una ley también es legítimo".
Porque como otros muchos, Adsuara temen lo peor "y tenemos derechos a ponernos en la peor situación posible porque una vez que existen recopilados esos datos y esas opiniones políticas no sabemos para que fines confesables o inconfesables se van a utilizar". Cree que el peligro de un mercado negro de perfiles personales ideológicos o el hackeo de estas bases de datos es una realidad a tener en cuenta.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha salido al paso a estas críticas al asegurar en un comunicado firmado por su presidenta, Mar España, que serán "extremadamente vigilante" respecto al tratamiento de datos personales que lleven a cabo los partidos políticos y ha insistido en que es ilegal hacer perfiles ideológicos en base a las opiniones que viertan los ciudadanos en Internet.
Añade además que "no se permite a los partidos políticos perfilar datos ideológicos, sexuales, de religión o de cualquier otro tipo, que los ciudadanos estén dando a través de su comportamiento en Internet o en las redes sociales".
Y avisa que "tampoco se permite el envío de publicidad o propaganda electoral adaptada a un perfil ideológico que no se permite". "No es la primera vez que la Agencia ha realizado actuaciones de investigación durante una campaña electoral y ha declarado una infracción, estableciendo la correspondiente sanción económica", ha asegurado.
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