El debate sobre el reglamento de Extranjería avanza entre el "diálogo constructivo" y las "consignas"

En declaraciones en un aparte en la reunión, Terrón ha asegurado que la V Conferencia Sectorial de Inmigración discurre "en gran parte" con un diálogo "constructivo y sensato" sobre los dos temas principales: el Reglamento y el Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes y al Refuerzo Educativo.

La mayor parte de los consejeros de Inmigración y Empleo de las Comunidades Autónomas "se dedica a diálogos constructivos sobre qué podemos modificar y qué no, y alguna otra a seguir consignas de partido, pero cada uno es responsable de su actitud y sabe si se debe a sus ciudadanos o a la dirección nacional de su partido", ha dicho.

El borrador del Reglamento se encuentra en fase de alegaciones, por los que las Comunidades Autónomas tienen de plazo hasta el próximo lunes para presentar sus objeciones y propuestas con las que "vamos a elaborar un nuevo texto del reglamento", ha señalado terrón.

La posición de las Comunidades Autónomas está dividida entre quienes, como Andalucía, considera que el reglamento "viene a mejorar la situación de los inmigrantes más vulnerables", y Murcia o Madrid, que critican que el desarrollo de la Ley de extranjería llega tarde, sin consenso y sin fondos.

Así, el consejero de Empleo de Andalucía, Manuel Recio, ha manifestado su apoyo al borrador por considerar que desarrolla de forma adecuada la normativa básica, mejora la situación de los "más vulnerables y liga la inmigración al mercado de trabajo".

Por contra, la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración de Madrid, Paloma Adrados, ha coincidido con los demás representantes de gobiernos autonómicos del PP al señalar que el reglamento llega tarde y sin concertación y trata a las CC.AA. de "meras comparsas" del Gobierno.

Así, la consejera ha explicado que el Reglamento "no mejora de ninguna manera la Ley de Extranjería y no fomenta la inmigración ordenada y legal" y que ninguna de las comunidades autónomas del PP están dispuestas a asumir responsabilidades en inmigración que le corresponden al Estado, como elaborar informes para que los extranjeros obtengan permisos de residencia o trabajo.

Además, critican que no existan unas directrices o criterios claros para su elaboración y que estos nuevos trámites "farragosos" no vayan acompañados de financiación adicional.

Preguntada por este asunto, Terrón ha explicado que la elaboración de informes de integración estaba específicamente contemplado en la Ley y que lo único nuevo es un "informe subsidiario para personas que no tienen otra manera de acreditar alguna renovación y que afecta a un número muy pequeño de personas y que está previsto por la Ley en su artículo 31.7".

Así pues, "no hay fondos específicos porque no hay acciones específicas más allá de las que ya se están haciendo", ha dicho.

En cuanto al Fondo de integración, la secretaria de Estado ha señalado que la propuesta del Ministerio es de "mantener los criterios actuales del fondo".

Terrón ha explicado que se trata de un "fondo adicional para garantizar la equidad del territorio español en ámbitos especialmente sensibles para la integración al que nosotros añadimos recursos propios a los que ya tienen las Autonomías".

Finalmente, y preguntada por el nuevo concepto de "arraigo social" -por el que se podrá conceder la residencia a extranjeros que hayan vivido en España al menos tres años y cuenten con un contrato de trabajo- la secretaria de Estado ha subrayado que se trata de una figura "extraordinaria, una decisión persona a persona".

"Es un remedio jurídico para ciertas situaciones; no es un derecho, ni es una vía para emigrar, en absoluto", ha señalado.