Condenan a una pareja por ocupar una vivienda en Mairena del Aljarafe, en Sevilla, desde 2022 y falsificar un contrato de alquiler
Los condenados evitan la prisión tras un acuerdo, pero deberán desalojar el inmueble y no delinquir durante dos años
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La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un año de prisión a una pareja por ocupar de forma ilegal una vivienda ubicada en Mairena del Aljarafe y utilizar un documento con la firma falsificada de la propietaria para simular la existencia de un contrato de alquiler. La resolución judicial, fruto de un acuerdo alcanzado durante el juicio, evita el ingreso en prisión de los acusados, aunque les obliga a abandonar el inmueble en el plazo máximo de un mes.
Los hechos se remontan a julio de 2022, cuando los condenados accedieron a la vivienda aprovechando la ausencia temporal de su propietaria, que se encontraba fuera por motivos laborales. La sentencia considera probado que ambos entraron en el inmueble sin autorización y con la intención de permanecer en él como residencia habitual.
Durante el procedimiento también quedó acreditado que la pareja presentó un supuesto contrato de arrendamiento que incluía una firma falsificada de la dueña de la vivienda. Con este documento pretendían aparentar que ocupaban legalmente el inmueble y que mantenían una relación contractual con la propietaria.
El caso quedó resuelto mediante un acuerdo de conformidad alcanzado en la vista oral
Según el medio 'El diario de Sevilla' la Fiscalía modificó su escrito de acusación y tanto las defensas como el resto de las partes aceptaron la nueva calificación de los hechos, lo que permitió a la magistrada dictar sentencia firme en el mismo acto.
Tras la lectura del fallo, el tribunal acordó la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, una medida a la que ninguna de las acusaciones se opuso. La decisión se fundamenta en que los dos condenados carecen de antecedentes penales y la pena impuesta no supera el límite que, con carácter general, obliga al cumplimiento efectivo de la condena.
No obstante, la suspensión está condicionada al cumplimiento de dos requisitos. Por un lado, la pareja deberá desalojar la vivienda en un plazo máximo de un mes. Por otro, no podrá cometer ningún delito durante los dos años siguientes. En caso de incumplir cualquiera de estas condiciones, el beneficio podría ser revocado y la condena de prisión ejecutarse.