Carlos PláValencia, 04 JUN 2025 - 14:03h.

La Generalitat Valenciana ha formalizado dos denuncias ante la Fiscalía provincial de Valencia contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), tras detectar la presencia de vertidos de residuos y de más de 300 vehículos afectados por las riadas abandonados en el entorno del barranco del Poyo. Estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de contaminación ambiental o de traslado de residuos tipificados en el Código Penal, según el Consell.

Así lo ha avanzado el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, quien ha explicado que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha tramitado estas actuaciones después de que este martes el Pleno del Consell tomara conocimiento de la denuncia presentada por la Conselleria ante el Seprona por el vertido y tratamiento de residuos que está realizando la CHJ y el abandono de vehículos junto al barranco del Poyo en Riba-roja de Túria. Unas actuaciones que se han detectado en el marco de los trabajos de recuperación del cauce tras las riadas del pasado 29 de octubre.

Mérida ha detallado que desde la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental se ha tenido conocimiento de tres informes emitidos por el cuerpo de Agentes Medioambientales de la Generalitat con los que “hemos podido constatar que los residuos que la riada ha dejado al descubierto en zona del cauce están siendo trasladados desde el propio cauce a la parcela contigua (la número 14, del polígono 22 en Riba-roja de Túria) sin ningún tipo de tratamiento ni acondicionamiento del terreno, incumpliendo la normativa”. Se trata principalmente de plásticos, ruedas, textiles, maderas que están siendo vertidas y enterradas en la mencionada parcela, con una superficie aproximada de siete hectáreas.

Más de 300 coches abandonados

Durante su comparecencia, Mérida ha indicado que otro equipo de agentes medioambientales “también ha verificado en un informe que en la parcela 2 del polígono 22 de Riba-roja de Túria hay 217 vehículos afectados por las inundaciones, acumulados en diversos puntos de acopio”. Estos hechos se unen a otra inspección en la que han aflorado otros 84 vehículos abandonados. “El Consell también tomó en conocimiento de ese tercer informe que amplía la cantidad de vehículos apilados en el barranco del Poyo y sus inmediaciones a los 301”, ha remarcado Mérida, que ha añadido que este último documento también ha sido trasladado al Seprona desde la Dirección General de Calidad Ambiental.

El dirigente autonómico ha insistido en que estos vehículos “deben tratarse arreglo a la normativa, como se ha hecho con el plan conjunto puesto en marcha por la Generalitat y los ayuntamientos para gestionar la retirada de más de 130.000 vehículos”. 

En este sentido, Mérida ha recordado que, de acuerdo con la disposición décima del Real Decreto-ley 8/2024, la responsabilidad de la retirada depende de la ubicación de los vehículos. “Por un lado, la CHJ debía haberse encargado de los situados en cauces, la Generalitat de los que estaban en vías autonómicas, y los ayuntamientos, de los ubicados en parcelas municipales”.

Los propietarios de vehículos afectados en esta situación podían retirarlos antes del 28 de febrero, ya que a partir de entonces pasan a ser considerados como vehículos abandonados y deben ser trasladados a centros gestores para su tratamiento y gestión de baja definitiva.

Una gestión, ha agregado Mérida, “que no solo puede afectar a nuestro entorno, sino que deja en un absoluto estado de desamparo e indefensión a más de 300 propietarios de vehículos que aún siguen, 7 meses después, sin poder tramitar las ayudas por la pérdida de sus bienes”

La CHJ niega las acusaciones

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha desmentido, a través de un comunicado, las afirmaciones realizadas por el director general de Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Raúl Mérida, y ha negado que el organismo esté vertiendo residuos procedentes del barranco del Poyo a dos parcelas de Riba-roja (Valencia), al tiempo que ha defendido que todos los vehículos que está retirando de los cauces tras la DANA se están gestionando conforme a la normativa vigente.

Según la CHJ, esto es "completamente falso". En primer lugar, ha afirmado que, en estos momentos, el organismo de cuenca "no está realizando ningún tipo de trabajo en esta zona", y en las tareas que ha realizado "en ningún caso ha acumulado residuos en las parcelas citadas". En esta misma línea, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, preguntada por esta denuncia de la Generalitat, en declaraciones a los medios, se ha remitido al comunicado de la CHJ en el que desmiente "categóricamente" los hechos y afirma que es "una falsedad", ha dicho.

Antiguo vertedero

La CHJ ha apuntado que el punto de vertido de residuos al que ha hecho referencia el director general, según han confirmado los agentes medioambientales del propio organismo, "podrían tener su origen en un antiguo vertedero del que no se tenía constancia antes de la DANA y que ha aparecido después de unos trabajos de conservación y adecuación que están realizando desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el objetivo de asegurar la estabilidad de la A-3".

En cuanto a los vehículos, desde el organismo se ha recalcado que todos los que la CHJ está retirando de los cauces "se están gestionando conforme a la normativa vigente". "Este organismo desconoce la procedencia de los 300 vehículos 'abandonados' a los que hace referencia el director general de Medio Natural y Animal que, en cualquier caso, parecen encontrarse en parcelas privadas y fuera del dominio público hidráulico".

La CHJ lamenta la actuación de la Conselleria de Medio Ambiente "por trasladar a la Fiscalía una denuncia contra este organismo, sin pruebas y prescindiendo de las mínimas diligencias previas" y ha asegurado que seguirán colaborando "con todas las administraciones para recuperar y reconstruir el dominio público hidráulico y las infraestructuras afectadas por la DANA".