Ninguno de los investigados fue informado de la apertura del expediente ni se les dio la oportunidad de defenderse
La difusión en medios del informe de Antifraude provocó la dimisión de Ángel Batalla apenas 36 horas después
Valencia La trayectoria del excomisionado del Gobierno para la DANA, José María Ángel Batalla, dio un giro dramático la semana pasada, cuando fue hospitalizado tras un intento de suicidio que él mismo vinculó públicamente a la presión mediática y política por las acusaciones sobre un título académico presuntamente falso en su expediente. A las pocas horas de conocerse el informe de la Agencia Valenciana Antifraude, Batalla dimitió de todos sus cargos, abriendo un episodio que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción.
Durante todo el proceso, ninguno de los investigados —ni el excomisionado ni los dos funcionarios también señalados— fue informado de la apertura del expediente ni se les dio la oportunidad de defenderse, tal y como establece el artículo 10 de la ley de la propia agencia.
La ley y las garantías vulneradas
La norma de la Agencia Antifraude exige que, cuando exista una posible implicación individual, se informe de inmediato a la persona afectada y se le conceda trámite de audiencia. El artículo 10.3 permite mantener la investigación en secreto, pero obliga a garantizar ese derecho posteriormente. En este caso, según se denuncia, la comunicación nunca se produjo antes de que el expediente fuera remitido a la Diputación.
La investigación concluyó con la detección de un supuesto “ilícito administrativo disciplinario” y el 7 de mayo se solicitó formalmente diferir el trámite de audiencia, justificando la reserva. Ese mismo día, el caso se envió a la Diputación, que tres meses y medio después optó por reclamar la restitución del dinero presuntamente cobrado de forma irregular y trasladar el asunto a la Fiscalía.
Consecuencias inmediatas
La difusión en medios del informe de Antifraude provocó la dimisión de Ángel Batalla apenas 36 horas después. Desde entonces, sostiene que desconoce el origen del título que aparece en su expediente. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias y deberá decidir si cita al excomisionado y a los funcionarios denunciados.
El ritmo de esta investigación —menos de un mes desde la denuncia hasta su cierre— contrasta con otros expedientes de Antifraude que llevan años en curso, como el que afecta a un policía local vinculado al PP en Benidorm.
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