Los vídeos grabados por los trabajadores de la guardería cuya dueña fue detenida en Algemesí: de obligar a una niña a tragar un trozo de manzana a forzar a un menor a pegar a otro

La investigación llevada a cabo contra la dueña de una guardería de Algemesí, en Valencia, y que condujo a su detención el pasado viernes por presuntos delitos de maltrato habitual y vejaciones continuadas a menores, se precipitó tras las denuncias presentadas contra ella por los propios trabajadores del centro, quienes habrían logrado registrar en vídeo la forma en que presuntamente maltrataba a los pequeños, de edades comprendidas entre los nueve meses y los tres años.

También algunos padres de los menores presentaron denuncia, tras advertir igualmente la situación y comentarla con los cuidadores. La acusada, de 55 años, presuntamente llegaba a zarandear y golpear a los niños, además de someterlos a vejaciones y encerrarlos en habitaciones contiguas sin ningún tipo de supervisión o vigilancia.

Trabajadores de la guardería grabaron a la dueña maltratando a los menores

Las grabaciones realizadas por los propios empleados de la guardería han sido claves, junto a las quejas previas de algunos progenitores, para la instrucción judicial y el arresto de la implicada por parte de la Policía Nacional, a través de agentes del grupo UFAM de la Comisaría de Alzira-Algemesí, el pasado viernes, si bien sería puesta después en libertad provisional.

En los vídeos que pudieron registrar, y según informa el medio Levante-EMV, la dueña de la guardería aparecería obligando a una niña de un año a tragar por la fuerza un trozo de manzana mientras la sujeta por el cuello. También empleando la mano de un niño de tres años para pegar con ella a otro menor que acababa de ‘agredirle’, haciendo así ‘justicia’. Escenas, ambas, que habrían sido grabadas por los trabadores del centro, según refiere el citado medio indicando que han sustentado la denuncia que llevó a su arresto.

La propietaria de la guardería niega los hechos y atribuye todo a un malentendido

Ubicada en la calle Albalat, la guardería privada lleva nada más y nada menos que 30 años funcionando. La propietaria, con un abogado, ha insistido en negar los hechos y defiende que las acusaciones que pesan contra ella son fruto de un malentendido, algo que sería difícil de encajar tras esos vídeos registrados.

Después de su detención el pasado viernes y tras pasar a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Alzira, el magistrado decretó la libertad provisional para la investigada, aunque con restricciones severas para garantizar la seguridad de las víctimas. Así, la acusada tiene prohibido aproximarse o comunicarse con cualquier alumno matriculado en el centro, así como la entrada a las instalaciones de la guardería, la cual permanece clausurada y con sus perfiles en redes sociales inactivos.

De igual modo, el tribunal ha impuesto una inhabilitación temporal que impide a la mujer desempeñar cualquier actividad laboral que implique contacto con menores de edad, ya sea de carácter retribuido o voluntario. Además, el juez ha ordenado a la UFAM la plena identificación de los afectados para hacer efectiva la protección policial, mientras se avanza en un procedimiento abierto inicialmente por un delito de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas a menores.

Realojamiento urgente de los alumnos afectados

Por otra parte, y ante el cierre preventivo del centro, la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento de Algemesí han activado un protocolo para "ofrecer alternativas rápidas y urgentes que puedan garantizar” la “escolarización” de los menores “en otros centros”, “priorizando, en todo momento, el bienestar” éstos “y la tranquilidad de sus familias".

En ese sentido, la inspección educativa trabaja en la elaboración de un censo de las familias damnificadas para ofrecer dichas alternativas, velando así por la situación de los niños.

Desde el consistorio han recalcado que, al tratarse de “un caso judicializado donde debe prevalecer, de forma especial, la protección de los menores", la información detallada será limitada para proteger la identidad y privacidad de éstos. No obstante, y a este respecto, aseguran que la coordinación con la Dirección Territorial de Educación es total para dar una respuesta rápida a las familias.

Mientras la investigación y el proceso judicial prosigue, en la localidad permanecen conmocionadas por el caso, que no deja de sorprender tras sacudir a un centro infantil que llevaba ya tres décadas operando.