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Las cinco muertes en el Madrid Arena juzgadas como un accidente aunque Fiscalía dice que no lo fue

Comenzaba el concierto, y Steve Aoki  gritó entusiasmado que ya eran cerca de 15.000 personas. Pero había muchos más. Según el juez, los 15 acusados llegaron a amontonar de manera caótica hasta 30.000 jóvenes en el Madrid Arena, 3 veces el aforo permitido. Miguel Angel Flores vendió 23.000 entradas “con el único ánimo de enriquecerse, despreciando las normas y la seguridad” escriben las acusaciones.  Tanta fue su codicia y tan consciente era de lo que había hecho, que intentó ocultar las entradas después de producirse la avalancha mortal. Esa “intencionalidad” es la que querrían discutir las familias de las niñas. Porque para ellas hubo dolo. Pero la ley no les acompaña. Según la fiscalía, Flores no quería matar a las niñas por los tanto no hubo dolo. Por  tanto, aunque se trata de cinco homicidios imprudentes, para el máximo organizador no pueden pedir cuatro años de cárcel  por cada niña muerta. 
Hay concurso real de los delitos y la máxima pena son cuatro años por las cinco muertes. El fiscal superior de la Comunidad y el fiscal provincial han defendido que en el Madrid Arena no ocurrió un accidente, pero tampoco fue un error humano. Entonces, ¿qué fue? Nosotros nos preguntamos si la codicia, y la corrupción que acaba con la vida de cinco niñas, debe ser castigada igual que un accidente de tráfico o un error involuntario.  
Para el resto de imputados , fiscalía pide 3 años de prisión. Las acusaciones piden también penas  de cuatro  años para los principales coordinadores de seguridad de la empresa Madrid Espacios y Congresos, del ayuntamiento de Madrid. Estaban en la fiesta viendo el sobreaforo y como estaban clausurados cinco de los ocho pasillos de evacuación de la pista. Pero no hicieron nada como tampoco habían hecho la reunión de seguridad obligada para eventos de ese calibre. Ni siquiera intervinieron cuando se incumplía su propio Plan de Seguridad y Operaciones que obligaba a distribuir por plantas a los asistentes. 
Es más dejaron que entraran en tropel. Dejaron que se relajara el control de acceso y la requisa porque Flores lo pidió para que se llenara la pista en el momento de la actuación de Aoki. Ya no se podía ni respirar pero quería más. No lo decimos nosotros. Lo dice el juez.
También piden cuatro años para  el vigilante del cuarto de cámaras que se ausentó de su puesto en el momento clave de la avalancha. Y para uno de sus jefes de equipo  por autorizar la orden de abrir una puerta de emergencias en la cota 0,  y dejar entrar en la pista a 3.000 jóvenes “bebidos” según el instructor,  procedentes de un botellón ilegal. Precisamente  la ausencia de policías municipales  suficientes para evitar ese botellón decisivo para el juez porque colapsó la pista del Madrid Arena,  ha motivado que se siente en el banquillo el ex jefe de policía.  Porque según las investigaciones Policía Municipal no desplazó más de seis agentes porque se olvidaron del evento.
La fiscalía sin embargo discrepa y no acusa a Emilio Monteagudo. Dicen que su inacción en el exterior no influyó en lo ocurrido en el interior del local.
Para los dos médicos responsables esa noche, el doctor Viñals de casi 80 años y su hijo, piden dos años y medio por no tener una enfermería, usar un local sin agua corriete ni ventilación y a pesar de cobrar 2.000 euros esa noche, no tener ni equipos en condiciones. Y, sobre todo, por haber dado por muertas a dos de las jóvenes que luego fueron reanimadas por el Samur, aunque ya fue tarde.
Las familias de las niñas solo han cobrado 100.000 euros de la aseguradora. El Ayuntamiento, como responsable civil, no ha querido llegar a un acuerdo con las familias y no ha pagado por adelantado. Miguel Angel Flores ha descapitalizado su empresa según un informe de la policía, sospechan que para no hacer frente a las indemnizaciones. Es más, el empresario imputado,  exige dos millones de euros al Ayuntamiento por alquilarle el Madrid Arena, un local sin licencia. Ese es el colmo de los colmos de un caso que supuso el “despido” o la renuncia de un Vicealcalde y tres concejales, aunque ningún miembro del consistorio madrileño será juzgado.