El ministro del interior fue grabado con un micrograbador (una chicharra en el argot de los servicios secretos) dentro de su despacho. Tal y como ya les avanzamos en informativos Telecinco, las primeras pesquisas policiales apuntan a que la reunión entre el ministro, Jorge Fernández Díaz, y el jefe de la oficina de antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, no fue grabada desde fuera del despacho o del ministerio, y tampoco fue grabada hackeando el teléfono móvil del jefe de antifraude. Es decir, no lo grabaron desde el edificio de enfrente con un potente micro superdireccional que habría captado la conversación. Y nadie metió un programa remoto en el móvil a de Alfonso para convertirlo en grabadora sin su consentimiento.
Al despejar esas dos posibilidades, para los investigadores sólo quedan otras dos. Que alguien del entorno del ministro grabara por seguridad, o que el propio jefe de antifraude lo grabara. El equipo que investiga la filtración, admite que pudo ser obra del entorno policial y que ahora dos años después, la guerra abierta entre dos comisarios que pertenecieron a un mismo equipo haya propiciado la filtración. El director de la policía Ignacio Cosidó, ha admitido ante los medios que podría ser una hipótesis, aunque “improbable”, según él.
La otra posibilidad es que el jefe de antifraude lo grabara para su consumo personal, y alguien del entorno soberanista, dos años después, haya tenido acceso a esas conversaciones y lo haya filtrado cuatro días antes de las elecciones con una intención muy obvia. Esta idea, que ya rondaba en la cabeza de algunos responsables de Interior, hoy es una posibilidad que podría escribirse en un informe que prepara policía judicial. Por lógica, aseguran las fuentes policiales, tienen que ser personas distintas; las que grabaron en octubre de 2014, y las que han filtrado en 2016.
Han pasado tres semanas desde la filtración y en ese tiempo el equipo formado por un selecto y reducido número de agentes capitaneados por el comisario Santiago Sánchez Aparicio, ha tenido que trabajar sin las conversaciones originales. El digital que las filtró no se las entregó a la policía cuando se presentaron en las instalaciones para recogerlas, previa petición. El digital prefirió esperar la orden judicial, y como no llegaba, entregaron las cintas en la Fiscalía General.
Los técnicos policiales han elaborado informes tras escuchar lo que estaba publicado. Y con los datos han llegado a la conclusión de que ese tipo de grabaciones no están hechas obligatoriamente con móvil. El formato de audio .ogg, no es el típico de los móviles y sí podría corresponder a cualquier otro dispositivo de grabación muy bueno, pero un poco anticuado… Los móviles graban por defecto en el formato mp3 aunque hace años lo hacían en .ogg. No obstante cualquier persona que tengan nociones técnicas puede preparar el móvil o un micro para que registre tramos de media hora en formato .ogg idóneo porque, con igual calidad que mp3, ocupa menos.
Este viernes el jefe de la policía judicial se jubila. Pero antes, “Chati” como le llaman en el entorno policial, intentaría terminar un primer informe sobre las escuchas, aparentemente ilegales. Su informe es puramente policial a la espera de que se judicialice el caso. Se mueven en el hecho de que están ante un delito semipúblico y que un juez podría ordenar investigar si uno de los dos interlocutores denunciara, o en determinadas situaciones podría investigar de oficio el Ministerio Fiscal. La Fiscalía ha encargado a su secretaría técnica que analice las grabaciones originales entregadas por el periódico digital. Están transcribiendo las cuatro horas de conversación para determinar si hay delito.
¿Delito en la filtración, delito en la grabación o delito en el contenido? Hay un detalle que lo cambiaría todo. Si la prueba llegara a considerarse prohibida, porque se concluyera que fue grabada ilegalmente por un tercero que no estaba en la reunión, no podría incorporarse. Es decir el contenido no sería investigado, independientemente de que fuera o no delito.