Andalucía, la comunidad con más parados de España, tenía un fondo con 721 millones de euros para ayudar a empresas en apuros y subvencionar ERE. Este dinero habría acabado en manos de los intermediarios. Los abogados y las consultoras habrían recibido 68 millones de euros. Los sindicatos podrían haberse quedado con casi 8 millones. Juan Lanzas se llevó unos 13 millones de euros. Otros 12 millones irían para los intrusos, gente que no ha trabajado en su vida pero entraron en un ERE. La suegra de Francisco Javier Guerrero, ex director general de empleo, se hizo con 1980.000 euros. A su chófer se llevó un millón de euros que se gastó en fiestas y cocaína. Otros 73 millones, habrían acabado en manos de familiares y personas de confianza. Al menos fueron saqueados 135 millones de euros de las arcas públicas.