Todo parecía un sueño. Julián Muñoz e Isabel Pantoja paseaban por las calles de Marbella de la mano, acaramelados y felices, aunque pronto despertaron para enfrentarse a la dura realidad. El 19 de julio de 2006 fue detenido como consecuencia del Caso Malaya, e ingresó en prisión a espera de juicio.
La Audiencia de Málaga dictó su primera condena por orden del juez Torres, quién lo acusó, primero, de un presunto delito de malversación de caudales públicos y cohecho, y después de otro de blanqueo de capitales. Pronto recibió una condena en firme por otro delito urbanístico y en enero de este año le trasladaron de la cárcel de Jaén a la de Alhaurín de la Torre. El traslado habría incidido en el hecho de que el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ordenó la ejecución inmediata, el 19 de octubre de 2005, de la sentencia que lo condenó a un año de prisión por el Caso Proinsa, momento en el que habría dejado de ser preso preventivo. Muñoz y los ex ediles fueron condenados al conceder una licencia para construir viviendas, garajes y locales comerciales en una parcela situada al oeste del Palacio Polivalente. Además, el 29 de marzo de 2005, el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga le condenó a seis meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para empleo y cargo público por el caso de 'Banana Beach'. El Tribunal de Cuentas le condenó en febrero de 2006 al pago de más de tres millones de euros por un delito de alcance contable, por las irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de Marbella.
El último juicio celebrado sobre el Caso Malaya dictó una multa de 10.800 euros para sustituir su pena de dos años de prisión. El abogado de Muñoz, Saavedra, estaba intentando que se unieran en un solo procedimiento sus diversas causas por delitos urbanísticos. Si esto ocurre mejoraría considerablemente su horizonte judicial. Sin embargo, el tribunal entiende que unir las causas "supondría un entorpecimiento importante en la administración de justicia, con un efecto dilatorio contrario a las garantías que a todo justiciable le ampara". Los magistrados subrayan, además, que no concurre "conexidad" entre los delitos. Conclusión: la propuesta fue rechazada.
Pena máxima de seis años de cárcel
La última hora del Caso Julián Muñoz es que sus abogados se han reunido con la fiscalia de urbanismo para decidir si rebajan su pena por una cuestión de economia procesal. Se debate que, si los implicados confiesan que concedieron licencias ilegales, la pena sería de un máximo de seis años bajo la unificación de todas las causas de licencias; el resto de delitos quedarían por otro lado. Conocer el futuro de Muñoz es cuestión de días.