Entidades de gestión piden rectificar la LPI en el Senado

Durante un encuentro con los medios de comunicación organizado por Adepi, la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual, su presidente, Antonio Guisasola, ha pedido al Gobierno que no obligue al mundo de la cultura a emprender más acciones y ha asegurado que no descartan "ninguna medida" para llamar la atención.

Precisamente, este martes tendrá lugar una concentración en la Plaza del Rey de Madrid, frente a la Secretaría de Estado de Cultura, a la que no solo están convocados los autores y las entidades de gestión, sino también el resto de ciudadanos, para protestar por la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, a la que denominan "Ley Lassalle".

Guisasola ha tildado de "regresiva", "innecesaria" y de "dislate muy miope" el contenido del proyecto de esta ley que, tal y como ha señalado, si se aprueba "situará a España en el escalón más bajo de la protección de la propiedad intelectual" y que se lleva adelante sin el consenso del sector y de los grupos políticos de la oposición que, según destaca, han presentado seis vetos para que el texto vuelva al Congreso.

Preguntado sobre una posible petición de dimisión al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, o al secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, Guisasola indica que "no es momento para el cese": "No queremos cabezas, queremos soluciones".

Además, en referencia a la petición por parte de algún representante de estas entidades de gestión de derechos de la implicación directa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la redacción final de la LPI, Guisasola ha pedido que se involucren aquellas personas que tengan "capacidad" para aportar cambios.

Uno de los temas que más preocupa a estas entidades es el sistema actual de compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con el que se aporta una cantidad menor que la generada con el canon digital. En este sentido, el presidente de Adepi apela a la responsabilidad de los senadores, porque "con sus decisiones" marcarán o bien un "acierto" o una "responsabilidad real", ya que España podría ser condenada a pagar "cientos de miles de euros".

En cuanto a la piratería, el presidente de Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Pedro de Andrés, ha criticado que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración, está "constituida por funcionarios del Ministerio, y no por expertos". A su juicio, parece "cosmética más que otra cosa", puesto que no resulta "ágil" ante el lanzamiento de obras culturales.

"BLOQUEO DE CONTENIDOS ILEGALES"

Por su parte, el presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Enrique Cerezo, ha lamentado también en este encuentro la lentitud del actual sistema de lucha contra la piratería y exige, por un lado, que la reforma de la LPI incluya el bloqueo de los contenidos ilegales en Internet, así como una "fiscalía especializada" en esta materia.

Cerezo también ha hecho alusión al sector cinematográfico y ha lamentado que no exista garantía en las ayudas a la amortización, que aún prescinden de alrededor de ocho millones para hacer frente al pago de las ayudas para las películas estrenadas en 2012. En este sentido, advierte de que esta situación puede conllevar la "suspensión de pagos" para varios productores.

Asimismo, critica el daño que produce el IVA al 21 por ciento y pide una reducción a porcentajes similares a los de países como Francia, al tiempo que lamenta como tras conocerse las conclusiones de la Comisión Mixta para buscar un nuevo modelo de negocio en el cine, aún no se ha puesto en marcha ningún planteamiento. A la luz de los buenos resultados del cine español este año, precisa que siempre hay "cuatro o cinco películas" que marcan la cuota.

Respecto a la partida de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinada a Cultura, Cerezo lamenta la reducción en cerca del 44 por ciento desde 2009, al pasar de 1.284 millones a 718 millones de euros destinados para 2015, y habla de un "soberano desprecio a la cultura" por parte del Ejecutivo.

En este encuentro con los medios también ha intervenido el vicepresidente de Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE), Fernando Marín, quien alerta de las reducciones "abusivas" en las tarifas que cobrarán las entidades de gestión y que, tal y como critica, enriquecerán al "sector hotelero" en detrimento del empobrecimiento de los autores y productores. Además, alerta de una posible cancelación de las acciones sociales con autores en situación precaria que las entidades llevan a cabo con parte de los ingresos.