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(Ampliación) El Gobierno retrasa una semana la aprobación de la reforma financiera a petición de Bruselas

El Gobierno español ha decidido retrasar en una semana, a petición de Bruselas, la aprobación de el decreto ley de resolución ordenada de entidades de crédito, según informó la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.
"La Comisión Europea nos ha pedido una semana más para analizarlo conjuntamente y se aprobará el próximo viernes" 31 de agosto, especificó la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El futuro real decreto sigue las recomendaciones de Bruselas para cumplir con el memorando de entendimiento que recoge las ayudas de 100.000 millones de euros para recapitalizar el sistema financiero español.
La portavoz del Ejecutivo insistió en que el real decreto "viene a dar cumplimiento, como un contrato", al memorando, por lo que calificó de "lógico" que tanto la Comisión Europea como el conjunto de Estados de la UE "participen en el diseño de un sistema que no es fácil".
Sáenz de Santamaría sostuvo que "no hay puntos de discrepancia" entre Bruselas y el Gobierno español sobre el real decreto, pero incidió en que sí hay "voluntad de analizar bien" la norma, razón por la que España ha aceptado retrasar la aprobación de la reforma financiera. "Se lo hemos concedido", dijo.
La vicepresidenta defendió "el mejor diseño" del instrumento "para dar cumplimiento al memorando" que regula la ayuda para la recapitalización de la banca española. "Si son los europeos los que ponen el dinero para nuestros bancos, es bueno abordar con ellos el procedimiento de cómo se va a hacer", argumentó.
Según especificó, el decreto va mucho más allá de regular la creación del 'banco malo', sociedad de gestión de activos a la que se transferirán los activos tóxicos del ladrillo de las entidades financieras, tal y como figura en el memorando.
Entre otras medidas, la norma refuerza el papel del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la presencia del Gobierno en el mismo, para intervenir de forma temprana en entidades en aras de garantizar su viabilidad y solvencia con el fin de preservar la estabilidad financiera y económica.
El decreto amplía los poderes del FROB en cuanto a la liquidación de entidades inviables, y regula las actuaciones en los procesos de resolución y de concurso que contemplan la venta de parte o la totalidad de las entidades bajo administración del organismo.
Se considerará inviable una entidad si es "razonablemente previsible que en un futuro próximo" vaya a incumplir de forma significativa los requisitos de solvencia, que sus pasivos superen a sus activos, o que no será capaz de cumplir puntualmente con sus obligaciones exigibles.
Por otra parte, se endurecen los requisitos de solvencia a la banca al elevar las exigencias de capital principal al 9% antes de enero de 2013, se recoge una solución para los tenedores de participaciones preferentes a cambio de una quita, y se establecen limitaciones a la comercialización de las mismas.
Asimismo, se reduce el sueldo máximo de los gestores de entidades con ayudas públicas desde 600.000 a 500.000 euros, según el borrador del real decreto al que tuvo acceso Europa Press.