Andalucía "discrepa" de la Ley de Parques Nacionales y busca un acuerdo que evite ir al TC

La creación de este grupo de trabajo constituye un paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) en el caso de que ambas administraciones no alcancen un acuerdo sobre los apartados de la norma en los que mantienen "discrepancias".

En concreto, Junta y Gobierno decidieron poner en marcha un grupo de trabajo el pasado 27 de febrero en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, según un acuerdo suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios.

En dicho acuerdo, consultado por Europa Press, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias" en relación con diferentes apartados de los artículos 3, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 34 y con las disposiciones adicionales séptima y undécima y la disposición final primera de la Ley 30/2014 de Parques Nacionales.

Estos artículos de la norma estatal regulan aspectos relativos al proceso de declaración de un parque nacional, a la modificación de sus límites territoriales o al diseño y gestión del plan director de la red de parques nacionales y de los planes rectores de uso y gestión.

Ante las "discrepancias" expresadas por la Junta sobre la regulación estatal, ambas administraciones han decidido "designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda", así como comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional (TC) "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)".

Este artículo de la LOTC amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno de la Nación para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre "iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo".