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Aprobada la estructura orgánica de Hacienda, con una nueva Secretaría General para financiación autonómica

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que queda establecida en cuatro órganos superiores y directivos: Secretaría de Estado de Hacienda, Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, Secretaría de Estado de Función Pública y Subsecretaría de Hacienda y Función Pública.
Entre las novedades que plantea la nueva estructura, destaca la distribución de funciones que se realiza entre el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y el de Hacienda y Función Pública.
Al primero se le asignan las competencias en administración territorial a través de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales; al segundo se le atribuyen, a través de la Secretaría de Estado de la Función Pública, las relativas a la Función Pública, Administración Digital y Gobernanza Pública, concepto en el que se incluyen las competencias que venía ejerciendo la Oficina para la Reforma de la Administración Pública.
Otro de los aspectos novedosos es que la Secretaría de Estado de Hacienda asume parte de las competencias procedentes de la antigua Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, a través de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, que se crea con rango de subsecretaría.
En la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, la Dirección General de Fondos Comunitarios cambia su denominación a Dirección General de Fondos Europeos, mientras que la Subdirección General de Programas Presupuestarios de Ciencia, Cultura y otras políticas cambia su denominación a Subdirección General de Educación, Cultura y otras Políticas Públicas.
Asimismo, en la Intervención General de la Administración del Estado se crea la Oficina de Informática Presupuestaria, que asume las competencias de cuatro subdirecciones generales que se suprimen.
FUNCIÓN PÚBLICA Y SUBSECRETARÍA
Dentro de la Secretaría de Estado de Función Pública, la anterior Dirección General de Tecnologías de la Información pasa a denominarse Secretaría General de Administración Digital, con rango de subsecretaría.
Igualmente, cambia la denominación de la Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos por la de Gobernanza Pública, que incorpora dos subdirecciones generales: la de Transparencia y Atención al Ciudadano, y la de Gobierno Abierto.
También se crea, dependiendo directamente del titular de esa Secretaría de Estado, una Oficina de Planificación Estratégica, en apoyo de la planificación y el seguimiento de los proyectos de reforma de la Administración Pública.
A su vez, la anterior Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval) cambia de denominación y nivel orgánico, y pasa a denominarse Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas, con nivel de subdirección general.
Por último, en la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, se crean dos nuevas subdirecciones generales de Información de Transparencia y Contenidos Web, y de Producción Normativa y Convenios, y se suprimen las de Coordinación Normativa y Relaciones Institucionales.
La aplicación del real decreto se hace sin aumento de coste de funcionamiento de los órganos directivos y no supone incremento de gasto público.