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CC exige al Gobierno que abra el debate sobre la reforma de la financiación autonómica en un plazo de 6 meses

La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, quiere que el Gobierno abra, en un plazo máximo de seis meses, el debate sobre la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas para que el nuevo modelo pueda entrar en vigor este mismo año.
Así se recoge en una proposición no de ley que la diputada ha presentado en la Cámara Baja y que recoge Europa Press, en la que se queja de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no haya planteado este debate a pesar de que la normativa vigente, aprobada en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, obligaba a revisiones quinquenales del sistema.
Un modelo que "mantiene a Canarias a la cola" en los ingresos, con 800 millones de euros menos de los que le corresponderían a juicio de CC, y que además provoca que esa diferencia se vaya ampliando con el paso del tiempo, hasta rondar ya los 300 euros por habitante con respecto a la región mejor financiada, que es Cantabria.
"Los agravios no desaparecen por sí solos y, mucho menos, se ocultan huyendo del debate. Los agravios se corrigen equilibrando los recursos independientemente de que sean pocos o muchos", espeta Oramas al Gobierno, al que acusa de haber provocado el "resquebrajamiento" del actual modelo territorial del país con su "inmovilismo" y la "ausencia de soluciones políticas".
ATENDER A LAS SINGULARIDADES.
Por eso, la diputada canaria reclama que se abra, en el plazo de seis meses, el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica para que pueda aplicarse ya en 2016, garantizando la "suficiencia" en la financiación de los servicios públicos fundamentales y la "equidad" en el reparto de los recursos.
En este sentido, subraya que el nuevo modelo debe desarrollarse "con especial atención" a las singularidades del Archipiélago y también respetando "escrupulosamente" el Régimen Económico y Fiscal (REF).
"Éste es uno de los principales retos de esta legislatura. La reforma debe contribuir a consensuar un sistema que sea más justo y equilibrado. Existen razones más que de sobra para pedir responsabilidad y altura de miras. Está en juego el Estado del Bienestar", recuerda por último Oramas.