CC.OO. y UGT rechazan el presupuesto del Fogasa para prestaciones, que baja un 2%, hasta 1.348 millones

Los sindicatos advierten en un comunicado conjunto que el Fogasa, organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes, tiene actualmente sobre la mesa más de 167.000 expedientes sin resolver, con efectos sobre más de 200.000 trabajadores.

UGT y CC.OO. se quejan de que estos expedientes no encuentran salida debido a la "escasa" plantilla que tiene el organismo, "lo que está repercutiendo gravemente sobre las personas que, en la peor de las situaciones (sin empleo y con salarios adeudados), sufren retrasos intolerables, de más de un año, en el reconocimiento de las prestaciones", denuncian.

Frente a la situación actual, los sindicatos plantean, por un lado, un plan de choque para superar el colapso del Fogasa, que implicaría necesariamente la ampliación de la plantilla y, por otro, proponen una serie de medidas estructurales para asegurar su buen funcionamiento en el futuro.

CC.OO. y UGT se niegan a buscar soluciones a través de la privatización o externalización de servicios -en contra de lo previsto en el plan de viabilidad elaborado por Empleo para el Fogasa- e insisten en que el primer paso es incrementar la plantilla.

Para ello, plantean la puesta en marcha de un programa temporal, con una duración mínima de 18 meses, que contemple la integración de 240 efectivos, a los que habría que sumar unos 81 funcionarios interinos a través de la cobertura total de los puestos vacantes en la relación de puestos de trabajo.

La idea es buscar los efectivos necesarios sirviéndose primero de los excedentes que pudieran existir en la Administración General del Estado y sólo en el caso de que no fuese suficiente esta aportación interna, UGT y CC.OO. proponen que la Oferta de Empleo Público cuente con plazas reservadas para el Fogasa hasta alcanzar la plantilla deseable.

Según han explicado los sindicatos, el anteproyecto de presupuestos del Fogasa ha sido aprobado con los votos favorables de la Administración, la abstención de la representación empresarial y los votos en contra de CC.OO. y UGT.