CSIF denuncia que Montoro "bloquea" la regularización de más de 500 científicos

En un comunicado, ha explicado que esta ley ha cumplido cuatro años desde que se publicara en el BOE y que se presentó como uno de los grandes logros de la legislatura, por cuanto "concitó el apoyo de la práctica totalidad del Congreso (sólo tres votos en contra)". La Ley incluía entre otras, medidas orientadas a la reorganización de la carrera científica. Se trataba de diseñar una carrera única, basada en méritos objetivos y en la evaluación periódica del trabajo de los investigadores.

CSIF afirma en un comunicado que "todos los indicios apuntan a que es el ministro Montoro el que está bloqueando el desarrollo de varios preceptos que permitirían que la labor de un colectivo de más de 500 científicos pertenecientes a distintos Organismos Públicos de Investigación (OPIS) pasara a ser evaluada por el mismo procedimiento que, desde hace varias décadas, se aplica a los profesores de universidad y a una gran parte de los científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)".

Asimismo, ha recordado que la propia norma otorgaba al Gobierno un plazo adicional de dos años, desde su publicación, para establecer los procedimientos y criterios que permitirían evaluar la labor de los investigadores de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS). "En buena lógica, dichos criterios debían haber sido aprobados y publicados por el Ministerio de Economía y Competitividad, del que es titular Luis de Guindos, antes del 1 enero de 2014, para que pudieran haber sido aplicados a partir de esa fecha", ha apuntado CSIF.

"Resulta paradójico que sea el mismo Cristóbal Montoro, que pudo acogerse personalmente a dicho sistema de evaluación durante el periodo en que ejerció como catedrático (1989-1993), al igual que lo hacen cada año más de 5.000 docentes e investigadores de toda España, paralice ahora 'sine die' la aplicación del mismo sistema a un grupo de poco más de 500 investigadores", aclara. Se trata del único colectivo "excluido del sistema", de entre los más de 50.000 docentes universitarios e investigadores funcionarios que se rigen por él.

La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación ha realizado intentos tardíos de cumplir lo exigido por la norma.

"Parece que incluso llegó a contar, a finales de 2014, con un borrador de Real Decreto cuyo perfeccionamiento y aprobación por el Consejo de Ministros hubiera zanjado definitivamente la cuestión", afirma CSIF, que ha explicado que la oficina de control de costes de Montoro ha encontrado "la forma de oponerse a que estos preceptos de la Ley 14/2011 pudieran llegar a aplicarse", aclara.

Asimismo, el sindicato alude a que el Gobierno "argumenta que no podrían permitirse los potenciales incrementos retributivos que pudieran derivarse de las evaluaciones individuales previstas en la de la Ley a ese colectivo residual".

Finalmente, CSIF denuncia que el presupuesto de Montoro parece "no tener problemas" para acoger y financiar "gastos potenciales" de la misma naturaleza donde cualquier oscilación determina alteraciones e incertidumbres en el gasto muy superiores a las que generaría la aplicación de los preceptos antes citados de la Ley de la Ciencia a un colectivo que, completo, representa poco más del 10 por ciento del número medio anual de solicitantes y el uno por ciento del total de funcionarios acogidos al sistema.

Asimismo, considera que "si se tiene en cuenta, además, que los potenciales efectos presupuestarios de las evaluaciones no tendrían lugar, en su caso, hasta el ejercicio siguiente al que se hubieran efectuado las mismas, no se entienden las reticencias de los ministerios implicados, y menos aún, cuando estamos hablando del uno por ciento del coste total en este 'boyante 2015', el ejercicio de la 'recuperación' y la 'reparación'", finaliza CSIF.