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CiU planteará en el Congreso que los ayuntamientos con superávit puedan invertir o financiar planes de empleo

Convergència i Unió (CiU) defenderá este martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno modificar la Ley de Estabilidad presupuestaria para que los ayuntamientos que tengan superávit y que no superen el límite de deuda permitido puedan destinar esos remanentes positivos a inversión o a financiar planes de empleo local.
La iniciativa, que fue debatida el pasado mes de mayo en la Comisión parlamentaria de Hacienda, fue rechazada con el voto de los 'populares', que alegaron que el Gobierno ya había atendido esa petición de los municipios y que estaba a punto de introducir en la Ley de Estabilidad Presupuestaria una previsión en este sentido.
De hecho, el Consejo de Ministros aprobó en junio el anteproyecto de ley orgánica de Control de la deuda comercial en el sector público, que modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria para fijar qué se entiende por superávit y para establecer que las entidades locales que no superen los límites de la Ley de Haciendas Locales en operaciones de endeudamiento puedan destinar parte de ese superávit o del remanente de Tesorería a amortizar deuda o financiar inversiones.
Sin embargo, la iniciativa de los nacionalistas catalanes es más amplia, ya que piden que ese remanente se pueda destinar no sólo a inversión, sino también a financiación de políticas locales de creación de empleo y planes de empleo para parados, reposición de las plazas vacantes en la plantilla o el cumplimiento de los pactos laborales en lo que respecta a los salarios.
AJUSTES "INNECESARIOS"
Y es que CiU cree que las obligaciones de ajuste presupuestario impuestas a los entes locales son, en la mayoría de los casos, "innecesarias", ya que se trata de administraciones con economías saneadas, ajustadas a los límites de déficit y endeudamiento y con presupuestos "equilibrados", por lo que impedir que puedan destinar su superávit a inversiones necesarias conllevaría un "claro agravio comparativo".
"Las haciendas locales están obligadas a una política de reducción del gasto y la inversión que, si bien en determinados casos puede ser absolutamente necesario, es innecesaria para los que habían venido actuando de forma prudente, gestionando los recursos públicos con rigor y austeridad", insisten.
De hecho, creen que la Ley de Estabilidad Presupuestaria --que CiU apoyó en su aprobación definitiva en abril de 2012-- se hizo "con prisa" y, al fijar unos principios genéricos a todas las administraciones locales "con independencia de la situación financiera" en que se encuentre cada uno, constituye "un problema para el propio funcionamiento de las entidades gestionadas con rigor".
"En momentos como los actuales en los que se deben replantear el gasto público en todos los niveles de la Administración se debe ser especialmente cuidadoso en no estropear lo que efectivamente funciona", apostilla, recordando que la mayor parte de los ayuntamientos han cerrado sus últimos cuatro ejercicios con remanentes positivos y sin necesidad de solicitar créditos al Estado para pagar a proveedores.
Dado que muchos de los entes locales tienen además un nivel de endeudamiento inferior al límite "no deberían ser castigados" sino que se les debería permitir "seguir gestionando con rigor sus competencias" y "ayudar a la recuperación económica con sus inversiones". "No es posible que, en el caso de ayuntamientos saneados, quede limitada su capacidad de actuación a causa de la ley de estabilidad", insisten los nacionalistas catalanes.