Compromís exige al Gobierno que revoque las denegaciones de préstamos subsidiados y apruebe las prórrogas

La iniciativa, que será debatida en la Comisión parlamentaria de Fomento y que recoge Europa Press, parte de la respuesta parlamentaria que el Ejecutivo dio hace un par de meses a la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), admitiendo que finalmente se aceptarían las solicitudes de renovación de subsidiaciones que se presentaron hasta junio de 2013, siguiendo la recomendación del Defensor del Pueblo y ante las sentencias judiciales contrarias a su criterio.

En estas circunstancias, Baldoví emplaza al departamento que encabeza Ana Pastor a realizar los cambios legislativos necesarios para mantener la vigencia de la subsidiación de préstamos cualificados para la adquisición de vivienda de protección oficial, y a abrir un periodo administrativo extraordinario de seis meses para que quienes cumplían los requisitos de prórroga de las subsidiaciones de los planes estatales de vivienda anteriores al plan 2009/2012 puedan presentar la solicitud.

Además, reclama que se revisen de oficio y se revoquen todas las denegaciones de solicitudes o prórrogas que se hubieran dictado en este tiempo y que se aprueben nuevas resoluciones favorables para "evitar a los afectados tener que acudir a los juzgados y causarles mayores perjuicios económicos". "El Gobierno dará cuenta a las Cortes del cumplimiento de la presente resolución en el plazo máximo de un mes", añade la iniciativa.

"La derogación de estas ayudas ha generado inseguridad jurídica a miles de ciudadanos que confiaron de buena fe en la Administración pública, y a quienes amparan en sus respectivos informes la Defensora del Pueblo y las sentencias reiteradas por los juzgados de lo contencioso de todas las provincias valencianas y en los demás juzgados de lo Contencioso y Tribunales Superiores de Justicia de todo el Estado", apunta el diputado.

CAMBIO NORMATIVO

El decreto ley de Fomento de la Competitividad, aprobado en julio de 2012, suprimió las ayudas de subsidiación de préstamos incluidas en el Plan de Vivienda 2009-12 con efectos desde el 15 de julio de 2012. Aunque dicha norma no hacía ninguna referencia a las renovaciones o prórrogas de estas ayudas, el Ministerio señalaba en los criterios interpretativos del decreto que envió a las comunidades autónomas que debían denegar las prórrogas de ayudas que se vinieran cobrando, independientemente del plan al que pertenecieran.

Posteriormente, en junio de 2013, se aprobó la Ley de Fomento del Alquiler, en la que se insistía en no admitir nuevos reconocimientos de ayudas aunque sí se mantenían las que ya se estuvieran percibiendo y las que estuvieran reconocidas antes del decreto ley, siempre y cuando se formalizaran en un máximo de dos meses.

En estas circunstancias, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recomendó al Gobierno que revisara el criterio interpretativo con el que se estaba aplicando el decreto ley de Fomento de la Competitividad y abonara las ayudas pendientes entre el 14 de julio de 2012 y el 4 de junio de 2013, dando instrucciones a las comunidades autónomas para que revisaran de oficio todas las solicitudes que hubieran denegado entre esas fechas.

Ante estas recomendaciones y a resultas de las primeras sentencias de los tribunales de Justicia contrarias a Fomento, el Ministerio solicitó al Servicio Jurídico del Estado un informe sobre "la procedencia o no" de cambiar la aplicación de la normativa.

En dicho documento, la Abogacía General reconoce que "hay razones que aconsejan la revisión del cambio del criterio aplicado por el Ministerio de Fomento", lo que ha llevado al Ejecutivo a "adoptar el cambio de criterio en dicho precepto" y a remitir un escrito a todas las comunidades autónomas informándoles sobre los pasos a seguir "en los distintos supuestos que se han generado".

Los préstamos subsidiados son una ayuda del Estado contemplada en los diferentes planes de vivienda que, previo convenio con las entidades financieras, descargaba del pago de los intereses por la cuota de compra o rehabilitación de la vivienda de protección oficial, siempre que se cumplan unos niveles de ingresos económicos familiares máximos.