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En Comú Podem exigirá el martes en el Congreso poner fecha al desmantelamiento de Castor

El portavoz de Industria de En Comú Podem --confluencia catalana con la que Podemos concurrió a las elecciones generales de diciembre-- en el Congreso, Josep Vendrell, exigirá este martes en el Congreso de los Diputados la fijación de un calendario para el desmantelamiento del proyecto de almacén de gas natural Castor y la reclamación a la concesionaria Escal UGS de la devolución de la indemnización por extinción que se le ha tenido que abonar.
El diputado catalán defenderá para ello ante la Comisión parlamentaria de Industria una iniciativa en la que critica uno de los "fracasos más importantes de la historia" de España en materia de infraestructuras, que "nunca debió iniciarse porque no era ni necesario ni viable".
"El tiempo ha demostrado que lo que el Gobierno consideró una decisión estratégica fue erróneo y que respondió a una errática planificación en la política energética basada en un crecimiento ilimitado de la demanda que en ningún caso se ha correspondido con las necesidades energéticas reales del país", señala Vendrell.
NO ESCUCHARON A QUIENES LO AVISABAN
El portavoz parlamentario de Industria también recuerda que "en su momento fueron muchas las voces que advirtieron de que este proyecto no era necesario ni reunía las condiciones necesarias de seguridad" pero "se hicieron oídos sordos" y, tras la paralización del proyecto por los seísmos en la zona, serán "una vez más" los contribuyentes quienes tengan que hacer frente a los costes.
"Es necesario acabar con esta estafa permanente que los lobbies han conseguido imponer de un capitalismo de casino y un socialismo perfecto, en el que se privatizan los beneficios y, cuando llegan las pérdidas, éstas se socializan", insiste Vendrell, que recuerda que el "despropósito" del Castor costará a la ciudadanía casi 1.650 millones de euros en indemnizaciones.
Por eso, la confluencia catalana de Podemos reclama que el Gobierno fije con la Generalitat Valenciana, la Generalitat catalana y los ayuntamientos afectados un calendario para el desmantelamiento de las instalaciones que sea "responsable, transparente y no oneroso para las arcas públicas".
LA EMPRESA DEBE ASUMIR RESPONSABILIDADES
Pero, además, Vendrell defiende que "no es para nada aceptable que una empresa que ha construido con riesgo sísmico y sin tener en cuenta los informes que alertaban de ese riesgo no asuma ningún tipo de responsabilidad y se le reconozca la extinción de la concesión y de la indemnización sin la debida auditoría y estudios de la diligencia profesional".
Y, por ello, quiere que el Congreso emplace al Ejecutivo a impulsar acciones legales para recuperar la cantidad retribuida a Escal UGS --que encabeza ACS-- en concepto de extinción de la concesión al considerar que ha existido negligencia, así como para que se fijen responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa por el millar de movimientos sísmicos registrados en la zona.
Para ello, hará falta peritar los daños materiales y morales que han sufrido los ciudadanos de las Tierras del Ebro (Tarragona) y del Bajo Maestrazgo (Castellón) por los terremotos, así como realizar estudios técnicos sobre los efectos que la hibernación del proyecto puede tener sobre el medio ambiente y otras instalaciones de riesgo de la zona, como las centrales nucleares.
Por último, En Comú Podem exige también enviar al Juzgado de Primera Instancia de Vinaroz los informes de la Universidad de Stanford y por el Massachussetts Institute of Tecnology (MIT) relativos a las responsabilidades en las fases de tramitación y adjudicación del proyecto.
QUE NO SE VUELVA A REPETIR
Asimismo, cree necesario impulsar modificaciones legislativas para "impedir que en el futuro sean las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o servicio".
Vendrell también tiene registrada en el Congreso una proposición no de ley del mismo tenor y una solicitud de comparecencia del ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, en sede parlamentaria para que explique la "retribución adicional" de 253,3 millones de euros concedida a los promotores del proyecto en concepto de factura del gas.