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El Congreso insta al Gobierno a ratificar el convenio de la OIT sobre empleadas domésticas antes de un año

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes una proposición no de ley presentada por En Comú Podem --la confluencia con la que Podemos se presentó a las elecciones en Cataluña-- para instar al Gobierno a ratificar el Convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos.
La iniciativa ha sido modificada a propuesta de Foro Asturias (FAC) para incorporar un plazo máximo de un año para llevar a cabo este objetivo, de modo que las recomendaciones del convenio entren en vigor en marzo de 2017 como muy tarde.
Además, se ha aceptado también una enmienda de Democracia y Libertad (DL) para que en tres meses se presente al Congreso un estudio sobre el impacto que la integración del Régimen Especial de Empleados del Hogar ha tenido en el Régimen General de la Seguridad Social, tras la creación hace cuatro años del sistema especial para este colectivo.
Con estos cambios, la propuesta ha cosechado finalmente el respaldo de los 224 diputados de Podemos, PSOE, Ciudadanos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Democracia y Libertad, Partido Nacionalista Vasco (PNV) y todo el Grupo Mixto, frente a la abstención del PP.
CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS
La portavoz adjunta de Empleo de Podemos, Aina Vidal (En Comú Podem), ha defendido que es "imprescindible" ratificar el convenio por una cuestión de "derechos humanos y de justicia de género", porque las trabajadoras domésticas son "discriminadas por ser mujeres, por ser de clase trabajadora y, en muchos casos, por ser inmigrantes".
Además, ha recordado que el convenio no ofrece "la luna" a este colectivo, sino únicamente una "protección mínima contra la explotación" y unos "derechos básicos", similares al del resto de trabajadores. Por eso, considera "incomprensible" que el Gobierno no haya procedido aún a la ratificación, como sí han hecho otros países.
"Instar al Gobierno a hacerlo no es sólo un buen gesto, es de justicia. Esta iniciativa debería aprobarse por unanimidad, hoy y ahora. Tiene que ver con el prestigio y con la marca de una España diferente", ha añadido la diputada catalana.
INICIATIVA "DE JUSTICIA"
Por el PSOE, la diputada Susana Sumelzo ha resaltado que "es de justicia" asegurar los derechos de este colectivo y ha recordado que "no ratificar el convenio es cercenar derechos y fomentar la desigualdad entre trabajadores". Además, ha puesto en valor la normativa sobre empleo doméstico aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que su grupo tiene una iniciativa parlamentaria con el mismo objetivo que ésta.
Ana María Surra, de ERC, ha subrayado su respaldo a esta propuesta y a todas las que sirvan para defender los derechos de los trabajadores, y ha afirmado que "en una futura República Catalana socialmente justa se asegurará la igualdad de derechos de todos los trabajadores", incluidos los inmigrantes.
El portavoz de Empleo de DL, Carles Campuzano, ha reconocido que hay "complejidades" para adaptar las obligaciones del convenio a la normativa nacional, pero cree que con "voluntad política" se pueden superar, como han hecho otros países como Francia, donde se ha "dignificado" el empleo doméstico a la par que se ha facilitado el acceso de las familias a estos servicios, fomentando así la afloración de empleo sumergido.
Su homólogo en el PNV, Iñigo Barandiaran, cree que si de verdad hubiera impedimentos normativos para ratificar el convenio "ya se habrían podido solventar", porque hace casi tres años que el Parlamento instó al Gobierno a hacerlo, y ha defendido que cumplir este trámite es, "sobre todo, un acto de justicia respecto a un colectivo especialmente vulnerable y desprotegido".
"LOS DERECHOS SE RECONOCEN Y SE BUSCA FINANCIACIÓN"
La diputada de IU-Unidad Popular, Sol Sánchez, cree que con esta iniciativa se "corrige una doble discriminación, clasista y machista", porque la mayoría de afectadas son mujeres e inmigrantes, y ha recordado que "los derechos se reconocen y se busca su financiación", y no al contrario, porque si no "seguiríamos esperando una coyuntura favorable para abolir la esclavitud, por ejemplo".
Por Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca también cree que hay que adaptar la legislación al convenio de la OIT aunque "en un plazo razonable" porque hay "complejidades" que requieren de tiempo, aunque sin perder de vista que el objetivo final es proteger a los más de 700.000 empleados domésticos que hay en España, la mayoría mujeres.
La diputada de Compromís Marta Sorlí ha reivindicado el valor del trabajo doméstico y ha lamentado que la sociedad "oculte" esta realidad; mientras que la diputada de EH Bildu Onintza Enbeita cree que las instituciones hacen "muy poco" por dignificar las "cutres" condiciones del trabajo doméstico porque afecta fundamentalmente a mujeres.
CALCULAR EL COSTE ECONÓMICO
Sin embargo, el portavoz de Empleo del PP, José Ignacio Echániz, ha defendido que si España no ha ratificado aún este convenio "no es por capricho" sino por "razones de peso" de tipo normativo, ya que varias de las recomendaciones "no son compatibles" con el ordenamiento jurídico español.
"Cualquier convenio o acuerdo al que España se sume debe ratificarse sin impactar negativamente en el empleo", ha dicho, asegurando que ya se ha avanzado en la materia y se debe seguir ese camino pero cuando exista "la seguridad de que no se perjudicará al mercado de trabajo y a los trabajadores" y cuando haya "el consenso necesario".
En la misma línea, Elena Faba, portavoz de Empleo de Ciudadanos, ha recordado que el convenio de la OIT supone un "avance significativo" en los derechos de los trabajadores domésticos, garantizando una "protección tan amplia" que no está prevista en la normativa nacional, por lo que cualquier medida para implementarla debe acompañarse de un estudio de viabilidad económica.
"Es imprescindible concretar con precisión las modificaciones económicas, presupuestarias y normativas que harían falta. Ésta es una oportunidad para corregir la tradicional carencia de medidas protectoras de este colectivo. Pero debemos hacer un ejercicio de responsabilidad para poder implementar el convenio con las máximas garantías de solvencia económica, calculando su coste y con especial atención para evitar fraudes", ha reiterado.