La Cumbre Social pide revisar el marco sancionador y un "mayor control" de los mercados

Con motivo de la celebración del Día Mundial de los derechos de los Consumidores, la Cumbre Social ha advertido en un comunicado de que la protección y defensa de los consumidores es una "exigencia constitucional", y una actuación básica para combatir los "desequilibrios y las injusticias" de un modelo económico que hace "especialmente vulnerables" a las personas con menos recursos.

En este sentido, ha criticado que las medidas aprobadas por el Gobierno en el largo periodo de la crisis "han afectado a las economías domésticas más débiles, lo que les ha supuesto un doble castigo".

Por ello, la Cumbre Social se ha sumado a las demandas de las organizaciones de consumidores y usuarios para "poner fin a los abusos que cometen bancos, grandes establecimientos comerciales, compañías eléctricas o telefónicas, en medio de la pasividad de las administraciones públicas, cuando no contando con su complicidad".

"Debemos activar las reclamaciones a las empresas o administraciones, hacerlo por escrito y mediante un sistema que garantice tener pruebas de su recepción. La ley dice que tienen un mes para contestar, y en caso contrario presentar una denuncia ante la autoridad competente, todo ello a través de las organizaciones de consumidores", ha recordado.

REVISIÓN DEL MARCO SANCIONADOR.

Asimismo, ha lamentado que en España no existan políticas públicas comprometidas con la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, por lo que ha pedido la puesta en marcha de "un auténtico control de los mercados y una regulación más eficaz para preservar los derechos y garantías de consumidores y usuarios".

En concreto, demanda una respuesta "contundente" que "debe comprometer especialmente a los poderes públicos frente a los abusos que sufren los consumidores, revisando el marco sancionador para hacerlo proporcional a la dimensión del fraude y con claro carácter disuasorio".

Por último, la Cumbre social ha reiterado la necesidad de que la ciudadanía recupere su capacidad de reivindicación para mejorar la calidad de la democracia, y ha animado a participar de las movilizaciones convocadas en el conjunto del Estado.

"Es imprescindible avanzar hacia un nuevo modelo de consumo, basado en la racionalidad y la suficiencia, garantizando igualmente una justicia universal, rápida, gratuita y eficaz", ha concluido.