La Eurocámara pide excluir sanidad y educación del acuerdo sobre comercio internacional de servicios

El Parlamento Europeo ha instado a la Comisión Europea a excluir de forma "clara y explícita" servicios públicos "sensibles" como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la seguridad social, el agua, la gestión de residuos y el transporte público del acuerdo sobre comercio internacional (TiSA, por sus siglas en inglés), que medio centenar de Estados, incluida la UE a través del Ejecutivo comunitario, negocian desde 2013.

Los eurodiputados han respaldado la resolución con 532 votos a favor, 131 en contra y 36 abstenciones, en la que también subrayan que los negociadores deben asegurar "legalmente" el derecho de los legisladores comunitarios, nacionales y locales a regular en defensa del interés público en cuestiones como la salud pública, la seguridad de los consumidores o la protección medioambiental.

De la misma forma, el Parlamento Europeo ha manifestado que el acuerdo debe proteger el derecho de las autoridades de la UE a cambiar de opinión en caso de que tomen la decisión de nacionalizar servicios abiertos a la competencia.

En este sentido, han reclamado la inclusión de una cláusula de revisión que permita a una parte retirarse del acuerdo o revertir sus compromisos de liberalización de un servicio si considera que se infringen los estándares laborales o sociales.

En relación a la llegada de trabajadores extranjeros, los europarlamentarios han resaltado que los compromisos de la UE se deben limitar a aceptar únicamente a profesionales de alta cualificación que ejerzan su actividad por un periodo limitado de tiempo y bajo condiciones precisas que estén estipuladas en la legislación doméstica.

Además, han respaldado la propuesta de China de unirse a las negociaciones, y se han mostrado favorables a ampliar las partes del acuerdo en el futuro.

GARANTIZAR RECIPROCIDAD EN LA APERTURA DE MERCADO

Por otro lado, el Parlamento Europeo ha reclamado que, para proteger a las empresas europeas de la competencia "injusta" en el extranjero, los negociadores deben perseguir la reciprocidad en la apertura de mercado, dado que los servicios europeos "están más abiertos a la competencia extranjera que la de sus socios".

En concreto, piden una apertura en los sectores de la contratación pública, las telecomunicaciones, el transporte y los servicios financieros y digitales. Asimismo, la Eurocámara ha llamado a establecer límites en las prácticas restrictivas que terceros países aplican a las compañías europeas y a conseguir menos carga burocrática para las pymes.

En la misma línea, la Eurocámara ha exigido salvaguardas y más información para los consumidores europeos que viajan y utilizan servicios en el extranjero, como las telecomunicaciones en itinerancia y las comisiones por el uso de tarjetas de crédito, así como garantías contra el correo no deseado y la geolocalización.

Por último, los eurodiputados han instado a Bruselas a ofrecer información contrastada sobre el acuerdo al público, explicando cada parte del mismo, y a publicar informes detallados de cada ronda negociadora en su página web.