La Generalitat bloquea 78 millones del presupuesto tras el ajuste pedido por el Ministerio de Hacienda

El acuerdo, que es la base del plan de ajuste que se está ultimando con el Gobierno central, representa el 0,46% del total del Presupuesto de la Generalitat para 2016 y, tras las conversaciones, "dista muy lejos de los 1.300 millones de euros que se desprendían del planteamiento inicial del ministerio", 900 millones de euros tras el aumento del límite máximo autorizado de déficit para este ejercicio, del 0,3% del PIB al 0,7%.

Según ha explicado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) había cifrado el ajuste a exigir a la Comunitat Valenciana en 212 millones de euros.

Los 78 millones salen de las inejecuciones previstas --es decir, de los capítulos y programas que, por diversos motivos, a lo largo de los últimos años finalizan el ejercicio dejando en situación de disponible una parte de los recursos asignados, por lo que todo apunta que en 2016 volverá a suceder lo mismo--, entre ellas 13,5 millones del sector público.

Ahora, la Conselleria de Hacienda ultimará en los próximos días el plan de ajuste para su remisión al Ministerio de Hacienda, que debe dar el visto bueno. Todo ello con el fin de abrir la vía para desbloquear la transferencia del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que para este ejercicio, con el 0,7% de déficit autorizado, asciende a 740 millones de euros, así como la solicitud de un FLA extraordinario para cubrir la desviación del déficit de 2015, en torno a 1.800 millones de euros. Los recursos liberados se destinarán a saldar las facturas con los proveedores.

El acuerdo blinda el gasto que financia los Servicios Públicos Fundamentales. Así, preserva expresamente el gasto social de la Generalitat, con especial incidencia en las áreas de sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, así como las líneas y proyectos finalistas que cuentan con cofinanciación de otras administraciones.

Específicamente, quedan salvaguardados, entre otros, la asistencia sanitaria o farmacia; los fondos destinados a personas con diversidad funcional, menores y mayores; enseñanza primaria y secundaria; la supresión del copago farmacéutico y la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Una vez blindado el gasto social, y el gasto cofinanciado, quedan los fondos libres, sobre los que se aplica un porcentaje con el fin de alcanzar los 78 millones de euros. En concreto, es el 5% de los capítulos IV, VI y VII, y el 7% del capítulo II. Estos 78 millones, incluidos en los Presupuestos de la Generalitat para 2016, quedan bloqueados.

El blindaje del gasto social tiene como consecuencia directa que el departamento más afectado por el acuerdo es Presidencia, con un impacto del 4,17% en relación al su presupuesto para 2016, mientras que las consellerias donde se registra un menor impacto presupuestario son Sanidad Universal y Salud Pública y Educación, Investigación, Cultura y Deporte, con el 0,19% y el 0,36%, respectivamente.

A éstas les siguen Hacienda y Modelo Económico (0,67%), debido al área de nuevas tecnologías, área considerada prioritaria para la modernización del conjunto de la administración ; Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (1,02%); Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo (1,17%); Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas (1,32%); Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural (2,85%); Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación (3,44%); Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio (3,99%).

RETENCIONES DE CRÉDITO POR 92 MILLONES

El acuerdo de no disponibilidad se ha quedado en los 78 millones ofrecidos inicialmente por el Consell, pero se ha adquirido también el compromiso de aprobar retenciones de crédito por importe de otros 92 millones.

Estos 92 millones se basarán igualmente en las inejecuciones presupuestarias, quedará asegurado el gasto social real alcanzado en 2015 y además el Consell tendrá libertad para modificar a lo largo del año las partidas afectadas, en función de cómo se desarrolle la ejecución del presupuesto.

De este modo, el Consell mantendrá en todo momento el control de las partidas afectadas, lo que permitirá conservar y mejorar la prestación de los servicios públicos fundamentales.