Hacienda dice que la legalidad del fondo de comercio deja sin sentido la última reclamación de la CE

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha indicado este viernes que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), que ha dado la razón a tres empresas españolas sobre la legalidad del fondo de comercio, hace que la última reclamación de la Comisión Europea sobre este instrumento fiscal, fechada el pasado 15 de octubre, tenga "cada vez menos sentido".

Ferre, que ha clausurado las jornadas tributarias del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), ha valorado de forma "positiva" este pronunciamiento del tribunal europeo, y ha lamentado que "sorprendentemente" el Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero no hubiera recurrido la decisión de Bruselas acerca del fondo de comercio, una medida, según dijo, para fomentar la internacionalización tanto de las grandes empresas como de las pymes.

"Ahora el Tribunal de Justicia ha dicho que no es una ayuda de Estado y, por tanto, hago una valoración positiva en la medida en que fue un instrumento que aprobó el PP vinculado a la internacionalización", ha señalado Ferre, quien ha indicado que, tras el pronunciamiento del TUE, la tercera investigación que ha abierto la Comisión al respecto "tiene cada vez menos sentido" porque el tribunal "le quita la razón".

El Tribunal General de la UE (TJUE) ha anulado este viernes las decisiones de la Comisión que declararon ilegales las ayudas fiscales de España a las multinacionales españolas por comprar empresas extranjeras. El fallo -que da la razón a un recurso presentado por Autogrill, Banco Santander y Santusa- considera que el Ejecutivo comunitario "no ha demostrado el carácter selectivo de este régimen". Las firmas han contado con el asesoramiento de Garrigues.

El régimen en cuestión, que se aplicó desde 2002, permitía a las multinacionales la amortización durante 20 años del fondo de comercio financiero (la diferencia entre el coste de las participaciones de una empresa y el valor de mercado de sus activos) en la adquisición de participaciones en empresas extranjeras. Entre los casos que se beneficiaron de este régimen, y que provocaron quejas de eurodiputados ante Bruselas para que lo investigara, se encuentran la compra de O2 por parte de Telefónica y la de Scottish Power por parte de Iberdrola.

La sentencia supone un precedente que podría obligar al Ejecutivo comunitario a cerrar el último expediente de devolución de ayudas que lanzó contra España el pasado 15 de octubre. El régimen cuestionado en esta ocasión por Bruselas fue aprobado en marzo 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy y tenía carácter retroactivo. Permitía deducciones fiscales no sólo para las adquisiciones directas sino también para las adquisiciones indirectas. Esta interpretación se adoptó para la adquisición de la compañía telefónica brasileña Vivo por parte de Telefónica.

La Comisión lo consideró también ilegal y ordenó a España que recuperara las ayudas públicas concedidas en el marco de este sistema. Pero el fallo del TJUE podría ahora obligar a Bruselas a archivar el caso.

NO COMENTA LA INVESTIGACIÓN A LUXEMBURGO.

Por otro lado, Ferre se ha referido también a la investigación que ha abierto la Comisión sobre ayudas fiscales de Luxemburgo a las multinacionales, y ha indicado que el Gobierno español no realiza ningún comentario sobre investigaciones a otros países miembros, pero sí ha querido dejar claro que apuesta por la lucha contra el fraude y el abuso y contra la planificación fiscal agresiva.

Así, ha recordado que para combatir esta prácticas se ha creado la Oficina de Fiscalidad Internacional, al tiempo que en la propia reforma fiscal se han introducido medidas para evitar el abuso en los productos híbridos y se están firmando acuerdos con numerosos países para el intercambio automático de información fiscal y financiera.