IULV-CA dice que la compra de Deoleo por capital extranjero supondrá "una auténtica tragedia" para el sector

En rueda de prensa, Maíllo ha respaldado la proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario de IULV-CA en la que se pide que el Consejo de Gobierno inste al Gobierno central a que, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) o mecanismo similar, mediante la adquisición del correspondiente paquete de acciones, garantice la permanencia de la mayoría del accionariado de Deoleo "en manos españolas".

"Estamos en un momento donde, o afrontamos medidas de apoyo a la agroindustria, un sector fundamental en la economía andaluza, desde la intervención pública, o estamos en riesgo de perder y alejarnos de un concepto que tiene que ser deseable como el de la soberanía alimentaria", ha señalado el líder de IULV-CA.

Tras afirmar que habrá oportunidad de afrontar durante las próximas elecciones europeas este debate de la soberanía alimentaria, Maíllo ha reiterado que el grupo parlamentario de IULV-CA ha tomado la iniciativa para demandar una intervención planificada que garantice la viabilidad y la presencia de capital andaluz y español en Deoleo.

En la citada iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, IULV-CA asegura que la entrada del Fondo Estratégico Italiano (FSI) en el accionariado de Deoleo, "teniendo en cuenta que Italia es el principal competidor de España en el mercado del aceite de oliva, podría relegar al sector español a una posición secundaria".

El grupo parlamentario de IULV-CA recuerda que Deoleo es "líder mundial" en la comercialización internacional de aceite de oliva y que entre sus accionistas figuran diversos bancos, algunos de los cuales anunciaron hace meses la venta de hasta un 35% del accionariado de la empresa, a través de un banco norteamericano.

Entre los bancos que anunciaron su desinversión en Deoleo destacan Bankia, BMN, la Kutxa y Caixabank, entidades algunas nacionalizadas en el marco de la crisis bancaria española como consecuencia de su situación económica. Para IULV-CA, esta condición de entidades nacionalizadas "permitiría al Gobierno central un cierto control sobre el proceso de venta de acciones anunciado".