Inversores de Gowex cuestionan que una sociedad controlada por un exconsejero actúe como acusación particular

La Asociación Europea de Inversores Profesionales (Asinver) está estudiando plantear la legalidad de la personación como acusación particular en el caso Gowex de Alvasebi, sociedad controlada por el exconsejero de la firma especializada en WiFi y administrador judicial de dicha compañía, Javier Solsona.

En este sentido, fuentes de la asociación han explicado a Europa Press que no solamente puede resultar "dañino moralmente" obligar a los accionistas perjudicados a litigar de la mano de uno de los consejeros cuya firma se recogía periódicamente en unas cuentas falsas, sino que es "cuestionable" jurídicamente que un acusado pueda pasar a ser acusador en el procedimiento.

"Entendemos que la línea entre acusadores y acusados es clara y no se puede estar a ambos lados de la misma", han explicado dichas fuentes.

Alvasebi, cuya petición de personación como acusación particular ha sido admitida por el juez Santiago Pedraz, es, junto con las sociedades controladas por el expresidente de Gowex, Jenaro García, uno de los principales accionistas del grupo, con el 9,94% del capital de la firma de WiFi.

Por su parte, Solsona, que aparece como apoderado de dicha sociedad y ha sido nombrado administrador judicial de Gowex --decisión criticada tanto por trabajadores como por inversores-- ejerció como consejero de Gowex hasta que estalló el escándalo.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha aceptado la personación en la causa en la que se investiga el falseamiento de las cuentas de Gowex de cinco asociaciones y ocho inversores y accionistas, pero les impone la obligación de actuar bajo una misma representación letrada.

En este sentido, Asinver ha presentado un recurso de reforma ante la Audiencia Nacional contra dicho auto al que, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, se suman al menos dos acusaciones particulares más, que también han recurrido.

SOLICITAN ACTUAR DE FORMA INDEPENDIENTE

En concreto, en el recurso presentado por Asinver, la asociación explica que no existe una convergencia de intereses y puntos de vista entre los litigantes. En este sentido, la asociación recuerda que de las cinco acusaciones populares tan solo tres presentaron querella y no mera personación, y argumentan además que, entre los que presentaron querellas, no existe coincidencia en relación a las partes contra las que se dirigen las mismas.

Así, en un auto dictado el 4 de agosto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 admitió a trámite las querellas interpuestas por el sindicato Manos Limpias, la Asociación Transparencia y Justicia, el Partido de los Perjudicados por las Preferentes (PPPR), la Asociación Europea de Inversiones Profesionales (Asinver) y Activa Gowex Asociación de Afectados, aunque les impone la obligación de actuar bajo una misma representación letrada.

Los cinco colectivos podrán solo ejercer la acusación popular en el procedimiento contra los nueve imputados, ya que el juez ha rechazado sus peticiones para dirigir la acción penal contra otras personas, como la presidenta de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, o dos auditores de la firma M&A Auditores.

En este sentido, de los litigantes que presentaron querellas, Asinver perseguía la imputación del consejo de administración de la compañía, mientras que PPPR buscaba además la imputación de los consejeros de M&A Auditores, Miguel Ángel Gutiérrez y Rafael Lucas, y de la presidenta de la CNMV. En el caso de Activa Gowex, se pretendía también la imputación de Ernst & Young, Audit, la CNMV y Bolsas y Mercados Españoles.

En el recurso Asinver indica que existe una "clara diferenciación de personas imputadas y tipos penales" y añade además que no puede obviarse el derecho a una defensa con un abogado y procurador "de la confianza del interesado".

DECISIÓN "DESPROPORCIONADA"

"Por tanto, la diferente perspectiva de las diferentes acusaciones, hace incompatible la actuación conjunta con las demás acusaciones populares, resultando por tanto dicha decisión judicial injustificada y desproporcionada".

En el procedimiento están imputadas un total de nueve personas, entre las que se encuentran el expresidente de Gowex, Jenaro García; su mujer, Florencia Maté; el director financiero, Francisco Martínez Marugán; y el auditor de la compañía, José Antonio Díaz Villanueva. También están encausados los presuntos testaferros Antonia Antúnez, Javier Martín Vaquero, Antonio Salmerón, la empleada del hogar Guadalupe Esmeralda Almeida y Juan Cañamero.