Junta andaluza prevé aprobar pronto la orden sobre transferencias de financiación dando más papel a Intervención

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, prevé que "en próximos días" se apruebe y salga publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la orden para controlar las transferencias de financiación a entidades del sector público andaluz, donde "se dará más papel y se dota de más facultades a la Intervención de la Junta, como no existe en ninguna otra administración pública".

En una comparecencia parlamentaria sobre la orden para asegurar el cumplimiento de las normas establecidas en el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta y normas de desarrollo para las transferencias de financiación a entidades del sector público andaluz, la consejera, quien pidió "perdón" por los retrasos en la elaboración de dicha orden, ya que estaba prevista para el primer trimestre de 2014, ha destacado el carácter "innovador" de dicha orden.

Ha explicado que la orden dará más facultades a la Intervención para la fiscalización previa del acto de la transferencia y, por primera vez, se establece un cauce de coordinación entre las actuaciones que se realizan en este momento de la fiscalización previa y las que tienen lugar durante el control a posteriori de la actuación de la entidad perceptora. Además, la Intervención podrá paralizar el expediente de gasto de transferencia de financiación a un ente, en caso de que éste haya sido objeto de un informe de actuación.

Montero ha resaltado que con esta orden "se cumple con el compromiso fijado por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el debate de investidura", y tras reconocer que se ha incumplido el plazo inicialmente dado en el primer trimestre, la consejera considera que al PP "le da coraje que avancemos en materia de control y transparencia, con medidas innovadoras como ésta".

La consejera considera que las transferencias de financiación "son un mecanismo necesario para el funcionamiento de los entes instrumentales" y ha recordado que "el 83 por ciento de las transferencias de financiación se destinan a entes que prestan servicios públicos de interés básico", por lo que insiste en la "acreditada necesidad de este instrumento de financiación".

Montero, quien ha resaltado el "necesario rigor" de los servicios técnicos de la Consejería y de la Intervención que han trabajado para que la orden estuviera aprobada, ha explicado que actualmente la orden "ya está en fase de informe del Consejo Consultivo, que es la última fase antes de que se firme", de forma que "en los próximos días estará aprobada y será publicada la norma en el BOJA".

Ha explicado que la orden está dividida en tres capítulos, primero disposiciones generales, con entes destinatarios de la orden, entre ellos agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones o consorcios. Además se definen los tipos de transferencia de financiación existentes, de explotación o de capital, y se establece la competencia para su concesión y las entidades que podrán ser perceptoras.

Además, en el capítulo segundo se regulan mecanismos adicionales de control para evitar "disfuncionalidades" entre el control previo y el control a posteriori". "Actuamos en esa doble dirección con esta orden, reforzando la garantía, la fiscalización, control financiero y el conocimiento previos y a su vez mejorando los mecanismos empleados por la Intervención en el control a posteriori", asevera.

Así, en la fase de fiscalización previa se establecen reglas generales que deberán cumplir los órganos gestores responsables de la transferencia, así como su separación en distintas fases. Junto a ello, ha explicado que se detallan los elementos que deberá comprobar la Intervención en el momento de la fiscalización, tanto en la fase de compromiso, como en la fase de reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago.

Como novedad importante, la orden habilita a la Intervención General para acordar que determinados procedimientos de subvenciones que tengan atribuidas las agencias públicas, se puedan someter a informes previos suspensivos, "suspendiendo las transferencias si no está claro el destino de las transferencias".

"Estamos construyendo una regulación innovadora en el ámbito de control interno, siendo exigentes y dotando de mayores facultades a la Intervención General de la Junta, como no existe en ninguna otra administración pública", ha aseverado la consejera, quien resalta los mecanismos establecidos en las distintas fases de control "para un control más exhaustivo y evitar un uso incorrecto de los fondos públicos".

La consejera ha explicado que el proyecto de orden establece un desarrollo reglamentario específico para la fiscalización previa de las modificaciones presupuestarias que incrementen los créditos de las transferencias de financiación, donde se contempla que la Intervención "deberá comprobar qué destino y sobre qué ente se destina y comprobar que sobre el mismo no hay informe de actuación". Ha precisado que "si la Intervención emitiera informe desfavorable, se acometería una modificación de la tramitación".

En lo referente a la fase de control financiero o control a posteriori realizado sobre el sector público, la consejera ha explicado que la Intervención realizará pruebas adicionales de revisión a las entidades sometidas a control financiero permanente, con carácter trimestral sobre ejercicio en curso. Se examinará también la información rendida por la contabilidad oficial de la Junta de Andalucía y el tratamiento contable dado por las entidades instrumentales, la correcta aplicación contable de las transferencias de capital, y un seguimiento específico de control financiero con base en los presupuestos de explotación y capital de las entidades y sus Programas de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF).

Por su parte, el capítulo tercero reitera la obligación de suministrar la información en aquellos modelos y periodicidad que determine la Intervención General.

Montero ha resaltado que se establecen "pautas para que la Intervención comunique al gestor de la transferencia medidas correctoras, y los plazos para su aplicación".

Según ha señalado Montero, la orden elaborada por su departamento "busca clarificar el proceso de la tramitación de las transferencias de financiación para asegurar que su uso se limita estrictamente a los casos para los que está concebida, al tiempo que refuerza los mecanismos de control y las facultades de la Intervención General, tanto en la fase de fiscalización previa como en la verificación posterior de su uso".

CRÍTICAS EN LOS PLAZOS DEL PP

Por su parte, el diputado del PP Rafael Carmona, ha criticado los retrasos en los plazos, toda vez que "veníamos escuchando que antes de finales de marzo debía estar aprobada una orden, pero pasado este límite no estaba aprobada".

"La realidad es que aunque la presidenta de la Junta dice dicho y hecho, la orden no está aprobada y no se ha cumplido con los plazos que la propia Junta se da", se lamenta Carmona, quien considera que "a la Junta le aterra el control y le gusta ser charlatanes de feria".

Tras insistir en la necesidad de "cumplir con lo que se dice", Carmona pide que esa norma "se apruebe, y ojalá sea en mayo, pero esperamos que además se aplique, pues a lo mejor son necesarias menos normas pero más cumplimiento", agrega Carmona.

Ha recordado que esta orden "da respuesta a la falta de control de los fondos de reptiles, por lo que espero que esta orden esté en breve para acabar con esa utilización inaudita de las transferencias de financiación y dieron lugar a la aparición de fondos de reptiles".