PwC cree que la reforma financiera hará que las entidades vendan sus activos inmobiliarios de forma "masiva"

PwC cree que las distintas fases de la reforma financiera, que culminará en la creación de la Sociedad de Gestión de Activos (SGA) procedentes de la reestructuración bancaria, provocarán que se produzcan ventas "masivas" de activos inmobiliarios por parte de las entidades financieras durante los próximos años, "lo que implicará un significativo ajuste de los precios de determinado producto inmobiliario".

Esta es una de las principales ideas que se desprende del informe 'Temas candentes del sector inmobiliario español. Reactivar el mercado', realizado por la firma y que ha sido presentado este martes en Madrid por el asesor senior de la compañía y exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla y por el socio de PwC Gonzalo Sanjurjo.

Según el informe, la aplicación de las sucesivas reformas financieras supone una "nueva configuración" de la oferta inmobiliaria que marcará las "principales" tendencias del mercado inmobiliario español de los próximos años.

El estudio de la consultora sostiene que la nueva regulación "afecta directamente a los dos tipos de relación que tienen las entidades con el sector inmobiliario: los activos adjudicados y los préstamos ligados a la actividad inmobiliaria".

Respecto a los primeros, PwC explica que la obligación de acelerar el calendario de provisiones permite a las entidades ofrecer su 'stock' a precios "que pueden ser considerados de mercado", aunque advierte que, en algunos activos (principalmente el suelo), "no existe un problema de precio, sino de inexistencia de mercado, por lo que una rebaja sustancial no garantiza su venta".

En el caso de la SGA, la firma considera por que el precio de transferencia de los activos desde el banco a la nueva sociedad "debe ser el valor razonable o, en su defecto, el valor contable después de aplicar el calendario de provisiones". "Entendemos que un cambio en la propiedad de los activos no implica necesariamente una rebaja adicional en el precio, más allá de la establecida por la normativa", subraya el estudio.

En cuanto a los préstamos concedidos al sector, PwC advierte de que la nueva regulación "podría tener una incidencia muy significativa, pues el importante nivel de provisiones a dotar posibilita que las entidades ayuden a los promotores con la venta de su 'stock' a través de quitas de deuda".

No obstante, el informe avisa de que este tipo de situaciones "solo podrían producirse en las promotoras que tengan un nivel de solvencia suficiente que pueda asumir pérdidas procedentes de la venta de estos activos". Para el caso de las promotoras con problemas de solvencia, la nueva regulación "desincentiva" la ayuda por parte de las entidades. Por ello, la compañía cree que el número de concursos de acreedores de promotoras inmobiliarias "lejos de reducirse, se verá incrementado".

EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN PARA SUELO, "UNA EXCEPCIÓN"

El estudio de PwC asegura que el acceso a la financiación para la adquisición de nuevo suelo "será una excepción", e insta al sector a impulsar "nuevas estructuras empresariales capaces de generar recursos permanentes a partir de un negocio no tan expuesto a los ciclos económicos".

Para ello, el informe propone la generación de liquidez a través del alquiler de vivienda "para poder afrontar la inversión inicial de compra de suelo".

En este sentido, los expertos que han elaborado el estudio reclaman al Gobierno un nuevo marco regulatorio específico para la industria de la construcción, "ya que las reformas adoptadas en los últimos años no han afrontado el mayor problema del sector: el suelo". Por un lado, PwC pide "una profunda revisión que agilice los procesos urbanísticos, desde la compra de suelo hasta la construcción del inmueble", y por otro, la adopción de medidas fiscales que equipare a la industria española con el resto de mercados europeos.

No obstante, Jordi Sevilla ha advertido de que el sector inmobiliario en España "está muy condicionado por las diferentes leyes y políticas públicas de apoyo y fomento", aunque considera que el Estado debe intervenir en cuestiones "tan importantes" como garantizar el acceso a la vivienda.

Para la firma de consultoría, auditoría y asesoramiento fiscal, la situación del mercado inmobiliario español "es crítica", y concluye que, tras una década "de excesos", a fecha de hoy "no existe ninguna visibilidad sobre cuándo y cómo se va a poder regularizar este sector".