El Senado modifica la Ley de Emprendedores y la devuelve al Congreso para que la apruebe definitivamente

Así, tras el rechazo a los seis vetos de PSOE, PSC e ICV (componentes de la Entesa), PNV, IU y ERC, el Pleno ha incorporado sólo tres nuevos cambios de los más de 400 presentados, que se suman a las tres enmiendas presentadas por el PP durante el trámite de Ponencia y Comisión de Hacienda en la Cámara Alta.

Con los cambios incorporados por el Grupo Popular, se reduce de 15 a 10 millones el capital social mínimo de las sociedades de garantía recíproca (SGR) a la par que se les exige unos recursos propios computables no inferiores a 15 millones de euros, calculados de acuerdo con la definición que fije el Banco de España.

De este modo, argumenta el partido que da sustento al Gobierno, se busca "conjugar un incremento del capital social elevado con un incremento de los recursos propios computables", de tal manera que la solvencia se calcule con una evaluación cuantitativa "global".

Por otra parte, se precisa que la exención en el pago de aranceles a cualquier operación registral que paguen las administraciones públicas o la Seguridad Social no entrará en vigor hasta que se ejecute la demarcación registral por real decreto. "La sostenibilidad actual de los registros aconseja no adoptar medidas aisladas que puedan generar disfunciones en el mantenimiento económico de las oficinas y del servicio público registral", explican.

A estas tres modificaciones hay que añadir los dos cambios que han transaccionado todos los grupos durante el Plenario. El primero especifica que la reducción de 15 a 10 millones del capital social mínimo de las sociedades de garantía recíproca (SGR) y la exigencia de recursos propios no entrará en vigor hasta nueve meses después de la publicación de la ley en el BOE. El segundo mejora las condiciones de los acuerdos de refinanciación.

Finalmente, la enmienda presentada por Coalición Canaria permite aplicara el régimen especial de IVA de caja al Impuesto General Indirecto Canario para paliar los problemas de liquidez y de acceso al crédito de las empresas.

Estos seis cambios obligan al Senado a remitir de nuevo el proyecto de ley al Congreso para que el Pleno debata y apruebe las modificaciones, antes de que pueda ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entre en vigor de forma definitiva.