EMPRESAS-AZÚCAR

El Supremo confirma la condena de 27,6 millones a Ebro por el fraude del azúcar

El Tribunal Supremo ha rebajado las penas que impuso en diciembre de 2008 la Audiencia Nacional a los principales directivos de Azucarera Ebro por el fraude comunitario que cometieron con la producción de azúcar, aunque ha confirmado su deber de pagar junto con la empresa los 27,6 millones de euros defraudados.
Fotografía de archivo de diciembre de 2008 del entonces consejero delegado de Azucarera del Ebro, Eugenio Ruiz-Gálvez, durante una rueda de prensa ofrecida en Madrid para anunciar la adquisición del negocio azucarero de Ebro Puleva por Associated British Foods. EFE/Archivo

Azucarera Ebro tiene fábricas en La Bañeza (León), Toro (Zamora) y Miranda de Ebro (Burgos).

En una sentencia conocida hoy, la Sala de lo Penal del Supremo considera que los principales acusados no fueron autores, sino cooperadores necesarios, de delitos contra la Hacienda Comunitaria y de falsedad documental cometidos entre 1996 y 1999 en el seno de la compañía, que es propiedad de British Sugar desde el año pasado.

Además, aplica a los 12 responsables del fraude atenuantes por la dilaciones que sufrió el proceso, que "se demoró más allá de lo justificable", lo que supuso "una gravosa espera para las partes".

En concreto, el procedimiento se alargó después de que el propio Tribunal Supremo anulara la primera sentencia que dictó en febrero de 2005 la Audiencia Nacional, que tardó más de tres años en volver a emitir un fallo.

Con estos antecedentes, los magistrados del Alto Tribunal imponen penas de entre un año y nueve meses de prisión y tres años y cinco meses de cárcel para los directivos, algunos de los cuales fueron condenados a más de seis años por la Audiencia Nacional.

El Supremo reconoce que existió una operativa que simulaba movimientos internos de importantes cantidades de azúcar entre las fábricas de Azucarera Ebro Agrícola, con el objetivo de ocultar sobreproducciones de azúcar fuera de las cuotas comunitarias permitidas.

Esas partidas de azúcar se vendieron efectivamente al mercado exterior, omitiendo el correspondiente pago de los impuestos por la supuesta falta de dicha exportación.

No obstante, el Supremo entiende que los directivos con mayores condenas no desempeñaban funciones equivalentes a la de administradores de las sociedades obligadas al pago de impuestos, por lo que cabe entender que fueron cooperadores necesarios.

Así, impone a Guillermo D'Auberade, director técnico de Azucarera y director de ingeniería de Ebro Agrícolas, una pena de tres años y seis meses de prisión; la misma que para Fernando Pérez, director comercial en Azucarera y Ebro Agrícolas, y para Nicolás Bautista Valero, director general de Ebro Agrícolas entre 1998 y 1999.

Aniceto Martín, director industrial de Azucarera Ebro Agrícolas entre 1998 y 1999, también ha visto rebajada su pena hasta tres años de prisión.

Otros responsables de Ebro Agrícolas (Rafael Vargas, el encargado del departamento de producción, Jaime Sagristá, director de organización de producción, y José Rafael Barrera, director de fabricación adjunto) cumplirán sólo un año y 9 meses de prisión por un delito de falsedad documental, tras ser absueltos de fraude fiscal.

El Alto Tribunal entiende que, en cuanto al pago de impuestos, desempeñaron sus cargos "sin autonomía y sin la información necesaria".

En cambio, el Supremo mantiene las condenas de un año y nueve meses de prisión a los directores y administradores de las fábricas de azúcar de La Rinconada (Sevilla) -José Enrique Hidalgo-, La Bañeza (León) -Angel Domingo Ciriza y Elías Gamazo Marcos- y Salamanca -Andrés Francisco Canales y Agustín Fernández-, que fueron considerados por la Audiencia Nacional como autores de un delito continuado de falsedad documental.

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