Tribunal de Cuentas detecta más de 1.000 empresas que se bonificaron indebidamente por formación

El Tribunal de Cuentas ha detectado más de 1.000 empresas que se han beneficiado de bonificaciones dentro del sistema de formación de demanda superiores al crédito del que disponían. El montante total indebidamente obtenido por estas empresas en 2012 es de al menos cuatro millones de euros.

Así consta en el 'Informe de fiscalización de la financiación aplicada por las empresas para la formación de sus trabajadores, con cargo a las cuotas de formación profesional', aprobado por el Pleno del tribunal, en el que se analizan tanto las acciones formativas de las empresas, como los permisos individuales de formación autorizados por las mismas y financiados mediante el sistema de bonificaciones con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el ejercicio 2012.

El sistema de formación de demanda es aquel que responde a las necesidades específicas de las empresas y de los trabajadores, e integra tanto acciones formativas bonificadas por parte de las propias empresas como permisos individuales para los trabajadores.

El Tribunal de Cuentas explica que de acuerdo con la información recogida en ese año certificada por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, al menos 1.064 empresas aplicaron en sus boletines de cotización un importe superior en 1.000 euros a su crédito máximo disponible, con una bonificación indebidamente aplicada total de 3,9 millones de euros.

Incluso, el tribunal ha constatado la existencia de empresas que, pese a haber aplicado bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social de una forma indebida durante ejercicios anteriores, continuaron beneficiándose de este sistema. En una de las empresas afectadas por esta situación, el importe pendiente de devolución ascendía a 1,4 millones de euros.

Además, el Tribunal de Cuentas apunta que el sistema telemático implantado por el SEPE para comprobar la procedencia y exactitud de las bonificaciones de las empresas, no dispone de información sobre aquellas empresas que presentan saldos acreedores en sus boletines de cotización no aceptados por la Tesorería General de la Seguridad Social, así como de aquellas otras a las que se ha concedido un aplazamiento en el abono de las cuotas de Seguridad Social.

Por otro lado, el informe indica también que las acciones de formación fueron desarrolladas en numerosas ocasiones respondiendo más a la oferta presentada por las entidades organizadoras de la formación, que a las necesidades específicas de los propios trabajadores.

En el ámbito relativo a los permisos individuales de formación autorizados por las empresas, el tribunal ha observado que los cursos realizados responden "en numerosas ocasiones" a una planificación empresarial en lugar de a una iniciativa voluntaria de los trabajadores.

Además, denuncia que la documentación aportada no contiene toda la información requerida para la identificación de los trabajadores que realizaron las acciones formativas, así como del calendario previsto para las mismas, lo que habría impedido verificar la veracidad de toda la bonificación aplicada como consecuencia de los permisos individuales de formación.

DEFICIENCIAS DE CONTROL EN EL SEPE.

Por otro lado, el informe señala que, a fecha de finalización de estos trabajos de fiscalización, "el SEPE no había elaborado un informe específico, evaluando el impacto de la formación de demanda en el mantenimiento del empleo y en la mejora de la competitividad de las empresas, ni acerca de la eficacia y la adecuación de las acciones formativas impartidas a las necesidades de las empresas". "Tampoco había realizado un informe sobre la eficiencia de los recursos económicos y de los medios empleados", añade.

Las entidades organizadoras de la formación tampoco se salvan de la fiscalización. El Tribunal de Cuentas apunta que algunas de ellas incrementaron de forma injustificada los costes facturados a las empresas bonificadas.

LAS RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL.

A la vista de estos resultados, el Tribunal recomienda implementar medidas que incrementen el control sobre los grupos formativos y mecanismos para garantizar el adecuado seguimiento de bonificaciones indebidamente aplicadas por las empresas.

Asimismo, insta al SEPE, en colaboración con la Fundación Tripartita, que agilice el seguimiento y control de las empresas beneficiarias del sistema de bonificaciones en las cuotas de formación profesional.