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Las daciones en pago mediante el código de buenas prácticas caen un 51% en 2016

Un total de 14.730 operaciones se llevaron a cabo en 2016 a través del Código de Buenas Prácticas (CBP) para reestructuraciones de deuda hipotecaria, un 2% más que en 2015, de las que 1.060 fueron daciones en pago, lo que supone un 51% menos que en el ejercicio anterior.
El resto, unas 13.669 operaciones, correspondieron a reestructuraciones de deuda, de acuerdo con la información remitida al Congreso por la Comisión de Control del CBP.
En los cinco años que lleva en vigor el Código, se han realizado 38.595 reestructuraciones de deuda pendiente, 7.095 daciones en pago y 7 quitas.
Las solicitudes de reestructuración de deuda a través del Código se redujeron entre el primer y el segundo semestre de 2016, ya que en la segunda mitad del año se recibieron 9.239 peticiones, frente a las 17.306 de los dos primeros trimestre. De estas, se realizaron 5.223 operaciones, de las que 4.806 reestructuraciones de deuda y 417 daciones en pago.
Las comunidades autónomas en las que mayores solicitudes se registraron durante el segundo semestre de 2016 fueron Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana.
El tipo de interés medio de los préstamos de las familias solicitantes se situó en el 2,13% y el tramo de deuda en el que se encuentran la mayoría de los solicitantes se sitúa entre los 100.000 y 150.000 euros.
CASI 80.000 FAMILIAS SE HAN BENEFICIADO
Teniendo en cuenta el Código de Buenas Prácticas y el Fondo Social de Vivienda (FSV), en estos años se han beneficiado de las medidas frente a los desahucios unas 78.798 familias, de las que 45.697 lo han hecho a través del CBP.
Por su parte, el Fondo ha permitido la asignación de 9.062 viviendas, según los datos de cierre de 2016, al tiempo que se han suspendido 24.039 lanzamientos a través de la moratoria hipotecaria (datos de febrero de este año).
El CBP, firmado en marzo de 2012, cuenta en la actualidad con 93 entidades con actividad hipotecaria en España adheridas, según ha explicado en un comunicado el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de protección de esta norma son los titulares de préstamos o créditos con garantía hipotecaria que se encuentran con dificultades para hacer frente a los pagos de sus préstamos y que pueden solicitar una reestructuración de su deuda, una reducción de la misma o, en último término, entregar la vivienda, quedando cancelada la deuda.