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Los países de la UE gastaron más de 101.000 millones en ayudas de Estado en 2014

Los países de la Unión Europea gastaron un total de 101.200 millones de euros, el 0,72% del PIB comunitario, en ayudas de Estado para los sectores de la industria manufacturera, los servicios, la agricultura y la pesca en 2014, lo que supone un incremento de 33.000 millones con respecto al año anterior, según los datos publicados este miércoles por la Comisión Europea.
Por su parte, España dedicó un total de 3.196 millones de euros en ayudas de Estados, una cifra ligeramente superior a la alcanzada el año anterior, cuando el gasto fue de 3.084 millones.
De esta forma, España concedió ayudas públicas a sectores no agrícolas por valor de 2.666 millones, mientras que las ayudas estatales a la agricultura fueron de 530 millones y al transporte (excepto ferrocarriles) de 130 millones.
No obstante, este aumento del gasto en ayudas de Estado en el conjunto de la UE se debe principalmente la adopción de las nuevas directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía. En concreto, el gasto de estos subsidios se incrementó en 28.500 millones de euros en 2014, un 85% del crecimiento registrado en ese año.
Además, Bruselas ha explicado que los países de la UE también ejercieron un uso "extenso" de las posibilidades que se abrieron con la modernización de las normas sobre ayudas estatales. Así, apunta a un incremento "significativo" de las medidas que pueden ser otorgadas sin el escrutinio previo de la Comisión Europea (nueve de cada diez).
Este hecho, destaca el Ejecutivo comunitario, reduce la burocracia administrativa y otorga a los Estados miembro más responsabilidad para asegurar que estas ayudas cumplen con la normativa comunitaria, lo que permite a Bruselas centrar su trabajo en otras "más distorsionadoras".
Por último, Bruselas recuerda que desde el 1 de julio de 2016 los países de la UE deberán informar, para cada ayuda pública superior a los 500.000 euros, sobre la identidad del beneficiario, la cifra, el objetivo y la base legal de la misma.