El juez rechaza las medidas cautelares pedidas por Iberdrola en su lucha con ACS

Así lo ha acordado el magistrado Carlos Nieto en el auto publicado hoy, que condena en costas a la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán.

La batalla judicial entre Iberdrola y ACS comenzó el 26 mayo, cuando la eléctrica pidió que se anulasen los acuerdos adoptados en la Junta de Accionistas de la constructora -concretamente la memoria, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la gestión del Consejo-, alegando infracciones de la normativa jurídico-contable.

Como medida cautelar, Iberdrola había solicitado que su demanda de impugnación se anotase de forma preventiva en el Registro Mercantil de Madrid para "garantizar el resultado y la efectividad del proceso, en la medida en que su mera existencia supone una duda muy razonable sobre los resultados" de ACS en el pasado ejercicio.

Aunque en el auto se señala que la demandante está legitimada para hacer esta petición por su condición de accionista en ACS -posee el 0,0064% del capital-, dicha solicitud se desestima íntegramente, al no concurrir los requisitos esenciales previstos en la Ley.

El magistrado entiende que para solicitar la tutela cautelar "no basta con recurrir a argumentaciones genéricas como la simple garantía de terceros".

Además, señala que aunque la demanda prosperase, el efecto de la sentencia que en su día se dicte será que ACS tendrá que volver a convocar a sus socios para proceder a la aprobación de las cuentas rectificadas, "sin que se comprenda de qué modo habrá de contribuir a garantizar dicha situación la mera anotación de la demanda en el Registro Mercantil".

Iberdrola presentó como prueba un informe de auditoría realizado el pasado mayo por el catedrático de Economía y Contabilidad Ramón Adell y el economista censor jurado de cuentas Gregorio Cabanellas, en el que se detectan hasta 30 irregularidades o incidencias en las cuentas de ACS para el ejercicio 2009.

Los expertos señalan omisiones de información sobre la valoración de las participaciones en otras empresas, el impacto del resultado de las actividades interrumpidas, las garantías comprometidas por terceros, las condiciones de determinados activos financieros, las provisiones para responsabilidades y las condiciones de determinados préstamos, entre otros aspectos.

Este informe concluye que los resultados presentados por ACS son incorrectos y no reflejan la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la compañía, lo que contrasta con la auditoría realizada en marzo por la consultora Deloitte, que, tras examinar la demanda de Iberdrola, confirmó su opinión favorable.

Contra esta resolución puede interponerse un recurso de apelación, que, en su caso, deberá presentarse ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid en el plazo de cinco días.

En la vista oral que se celebró ayer, la eléctrica denunció un "intento de control contable" por parte de la constructora, que, por su parte, defendió su derecho de participación en el Consejo de Administración de Iberdrola, basándose en su calidad de accionista mayoritario -posee el 12% del capital-.

Las cotizadas se vieron las caras en un procedimiento similar celebrado la semana pasada en el Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao, que denegó la suspensión cautelar solicitada por ACS de los acuerdos adoptados por la última Junta General de Iberdrola, que sirvieron para rechazar la entrada de un representante de la constructora en el consejo de administración de la eléctrica vasca.