VENEZUELA-NACIONALIZACIONES

Una firma venezolana que Chávez amenaza con expropiar dice que "siempre" ha cumplido la ley

La principal empresa privada venezolana de alimentos, amenazada con la expropiación por el presidente Hugo Chávez, que la culpa de burlar normas estatales de producción y comercialización, dijo hoy que "siempre ha cumplido con las leyes".

"En Alimentos Polar siempre hemos cumplido las leyes y así lo seguiremos haciendo", destacó la compañía en un comunicado de respuesta a las amenazas del gobernante, quien el miércoles advirtió de una posible expropiación si "no entra por la goma".

Los directivos "hemos sostenido que la forma de incrementar los niveles de la seguridad alimentaria en Venezuela es a través del diálogo y la estrecha colaboración entre el Gobierno Nacional, los productores agrícolas, la agroindustria, el comercio y los consumidores", añade la nota de Alimentos Polar.

"Si se ponen cómicos (...), los expropiamos (...); nosotros pudiéramos expropiar todas las plantas de la Polar (...); los expropiamos y les pagamos con unos bonos", expresó Chávez al anunciar paralelamente la orden de expropiar plantas de la trasnacional estadounidense Cargill.

El mandatario acusa además a Alimentos Polar de "mentir descaradamente" a la población cuando califica de "atropello" la orden gubernamental de inspeccionar sus plantas procesadoras de arroz.

"Ellos le compran el arroz a menos de un bolívar (0,46 dólares) el kilo a los productores, que nosotros subsidiamos además (...) no sudan ni una gota, lo que hacen es trillar el arroz, limpiarlo, empaquetarlo, y venderlo a 4,5 bolívares (1,8 ó 2,8 dólares)", el doble del precio regulado, denunció Chávez.

Chávez confirmó la eventual nacionalización de Polar horas después de que la empresa introdujera ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de amparo contra la medida oficial ejecutada el pasado sábado de "ocupación temporal por 90 días" de una de sus procesadoras de arroz.

La intervención de esa planta, situada en el céntrico estado de Guárico, se ordenó con el argumento de que solo un 10% de su producción estaba destinada a la presentación del arroz con precio regulado, mientras que el restante 90% era empaquetado como "arroz especial", con precio libre y que dobla al estipulado por el Estado.

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