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Dos personas del círculo de Ben Alí se someten a un acuerdo de arbitraje sobre presunta corrupción

Dos familiares de la esposa del expresidente tunecino Zine el Abidine ben Alí han expresado su voluntad de participar en un acuerdo de arbitraje con la Comisión de la Verdad y la Dignidad sobre fondos adquiridos a través de medios presuntamente corruptos.
Belhassen e Imed Trabelsi, hermano y sobrino de la esposa de Ben Alí, Leila, han anunciado su decisión semanas después de que Slim Chibub, yerno del expresidente, hiciera lo propio, según ha informado el portal local de noticias Tunisia Live.
El ministro de gobierno responsable del proceso, Hatem Eleuchi, ha detallado que Belhassen Trabelsi ha presentado la solicitud desde Canadá, donde reside en la actualidad, mientras que Imed lo ha hecho desde la prisión de Mornaguia, donde está acusado de varios cargos.
Belhassen fue condenado en rebeldía a cinco años y dos meses de cárcel por exportación de monedas falsas, mientras que Imed está condenado a otros cinco años por gestionar empresas ilegales en la localidad de Cartago.
El presidente de la comisión, Jaled Krichi, sostuvo tras el anuncio de Chibub de unirse al proceso que cualquier acuerdo alcanzado a través del arbitraje anulará todos los juicios previos contra las personas que se sometan al mismo.
Así, explicó que todas aquellas personas que participen en el proceso de arbitraje podrían ver anuladas sus condenas, incluidos los periodos de cárcel que aún les queden por cumplir.
CONDENAS CONTRA BEN ALÍ
Ben Alí vive en Arabia Saudí alejado de los focos --han sido muy escasas sus apariciones o las noticias acerca de su persona-- junto a su mujer, Leila ben Alí, y sus tres hijos, aparentemente a salvo de la petición de extradición formulada por Túnez a la Interpol.
En el país árabe que una vez gobernó ha sido objeto de varios juicios, y, en el más sonado de todos, que finalizó en junio de 2012, fue condenado a cadena perpetua por complicidad en el asesinato de manifestantes durante el levantamiento contra su régimen, que se saldó con la muerte de al menos 338 personas a causa de la represión de las autoridades.
Además, tanto él como su mujer han sido condenados 'in absentia' a 35 años de cárcel y el pago de 91 millones de dinares tunecinos (unos 45,5 millones de euros) por malversación de fondos públicos; a 15 años por posesión de armas, estupefacientes y objetos históricos; y a seis años por corrupción y fraudes inmobiliarios.
Los casos de corrupción en los que estaba visiblemente implicada la familia Ben Alí y las figuras más cercanas al régimen fueron uno de los detonantes de las manifestaciones, con una población harta de los excesos de las autoridades y de la falta de derechos y beneficios sociales de los que disfrutaban la mayoría de los tunecinos.
En este sentido, el Banco Mundial --que previamente había aplaudido las políticas económicas de Túnez-- afirmó en un informe publicado en marzo de 2014 que el régimen de Ben Alí controló el sistema político, económico y judicial del país con el objetivo de enriquecerse.