El ministro de Exteriores japonés visita Chernóbil para valerse de la experiencia ucraniana con Fukushima-1

Kishida ha recorrido la localidad ucraniana para comprobar su estado, 27 años después de que un aumento súbito de la potencia en el reactor cuatro de la central nuclear causara una explosión de hidrógeno que desembocó en el peor accidente nuclear de la historia.

El jefe de la diplomacia japonesa ha inspeccionado las sarcófagos de metal que todavía cubren el reactor cuatro para contener la radiactividad. Los técnicos han explicado a Kishida lo difícil que aún resulta mantenerla en niveles seguros.

También ha recorrido el asentamiento urbano construido alrededor de la central nuclear, donde vivían sus trabajadores y que está completamente desierto desde que se produjo el accidente, según ha informado la televisión pública japonesa NHK.

Al término de su visita, Kishida ha explicado que se ha dado cuenta de que las autoridades ucranianas todavía combaten los efectos del accidente nuclear en Chernóbil y ha aseverado que ha aprendido mucho de su experiencia para aplicarla al caso Fukushima-1.

El 11 de marzo de 2011 un terremoto y un tsunami arrasaron la costa de la prefectura japonesa de Fukushima, azotando la central nuclear, lo que dio lugar a varias explosiones de hidrógeno que hicieron que los núcleos de algunos de sus reactores se fundieran parcialmente.

En los primeros días después del accidente, las autoridades japonesas decidieron crear una zona de exclusión terrestres en un radio de 30 kilómetros desde Fukushima-1, que aún hoy sigue vigente, debido a las emisiones radiactivas.

La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) ha diseñado un plan para el desmantelamiento de Fukushima-1 que estará completado en 40 años. Ahora, se centra en contener las fugas de agua radiactiva desde la central nuclear hacia el subsuelo y el océano Pacífico.

TEPCO ha tenido que pedir perdón en varias ocasiones por su mala gestión del accidente nuclear en los primeros momentos, por la continuidad de las emisiones radiactivas y por su incapacidad para hacer frente a las indemnizaciones a los damnificados.