HRW denuncia el lucrativo negocio de la libertad condicional bajo supervisión de empresas privadas

Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este miércoles el lucrativo negocio que supone el hecho de que cada año los tribunales de Estados Unidos condenan a cientos de miles de delincuentes acusados de delitos menores a una libertad condicional supervisada por compañías privadas que cobran sus tarifas directamente a los presos en libertad condicional.

Según el informe elaborado por la ONG, a menudo las personas con menos recursos acaban pagando a largo plazo cargos económicos mayores, en lo que constituye una multa discriminatoria. Y cuando no son capaces de pagar, las compañías pueden gestionar su arresto.

El informe, "La libertad condicional de lucro: La industria de la libertad condicional financiada por los delincuentes", describe cómo más de 1.000 tribunales en varios estados delegan un poder coercitivo tremendo a compañías que a menudo no están sujetas a una supervisión ni regulación significativa.

En muchos casos, según la organización, la única razón por la que las personas son puestas en libertad condicional es porque necesitan tiempo para pagar multas y costos legales ligados a delitos menores. En algunos de estos casos, las empresas de libertad condicional actúan más como "abusivos cobradores de deuda que como agentes de la ley, cobrando a los deudores por sus servicios".

"Muchas de las personas supervisadas por estas empresas ni siquiera estarían en libertad condicional para empezar si tuvieran más dinero", ha lamentado Chris Albin-Lackey, investigador principal de temas de negocios y Derechos Humanos de HRW. "A menudo, la gente más pobre es la que acaba pagando más en tarifas a estas compañías y la que tiene mayores probabilidades de acabar en la cárcel", ha añadido.

LAS EMPRESAS NO REVELAN SUS INGRESOS

Según HRW, las empresas se niegan a revelar cuánto dinero recaudan con las tarifas que cobran a estos delincuentes bajo supervisión y "sorprendentemente, los tribunales que las contratan tampoco suelen exigir esta información".

Human Rights Watch calcula que, sólo en el estado de Georgia, la industria recopila un mínimo de 40 millones de dólares (casi 30 millones de euros) en tarifas cada año de estos deudores. En otros estados, los requisitos de transparencia son tan mínimos que no es siquiera posible aventurar una estimación de cuánto dinero están acumulando estas compañías por pagos de delincuentes en libertad condicional.

"CASOS ATROCES"

En su informe, HRW ha recogido algunos "casos atroces". Por ejemplo, en Augusta, Georgia, un hombre que se declaró culpable por robar una lata de cerveza de 2 dólares y que fue condenado a pagar una multa de 200 dólares acabó siendo encarcelado por no pagar más de 1.000 dólares en tarifas a su empresa supervisora de libertad condicional. En el momento de los hechos, era indigente y vendía su plasma sanguíneo dos veces a la semana para conseguir dinero.

Aunque la organización enumera varios casos de abusos por parte de estas empresas y sus empleados, subraya que "no todos los agentes de libertad condicional de empresas privadas se comportan de forma poco ética, pero todos están sujetos a perversos incentivos financieros que alientan el trato abusivo".

Además, "los tribunales que consideran las compañías de libertad condicional como una forma sencilla de incrementar las arcas públicas cuentan con preocupantes incentivos para no plantear preguntas difíciles sobre las tácticas que emplean estas empresas", ha lamentado.

Según HRW, las compañías de libertad condicional operan sobre una base "financiada por los delincuentes" que resulta económicamente atractiva para muchos tribunales y gobiernos locales puesto que ofrecen supervisar la libertad condicional de delincuentes de delitos menores sin ningún costo para los contribuyentes.

En su lugar, sus contratos estipulan que los jueces deben instruir a los sentenciados a pagarles directamente a ellos varias tarifas como condición para su sentencia de libertad condicional. Las ganancias de muchas de estas compañías dependen exclusivamente de su capacidad para recaudar ese dinero de los presos en libertad condicional, explica el informe.

En uno de los casos contemplados, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que una persona bajo libertad condicional no puede ser encarcelada simplemente porque no pueda pagar una multa penal. Pero muchos tribunales delegan la responsabilidad de determinar si un delincuente en libertad condicional puede permitirse pagar las multas y las tarifas de supervisión que cobran las empresas.

CONFLICTO DE INTERESES

Esto representa un claro conflicto de intereses porque las ganancias de la empresa, así como las bonificaciones trimestrales de algunos agentes de estas compañías, dependen totalmente de su capacidad para recaudar estos pagos.

"Las compañías de supervisión de libertad condicional tienen una participación financiera en cada uno de los casos que gestionan", ha apuntado Albin-Lackey. "Sus empleados son las últimas personas a quienes debería de confiársele la determinación de si un delincuente en libertad condicional puede pagar o no las tarifas de la compañía", ha subrayado.

HRW denuncia que en algunos casos, los tribunales sentencian a los delincuentes a libertad condicional porque creen que necesitan ser supervisados y vigilados, pero en muchos casos reciben esta pena solo porque los tribunales pueden encargarle a compañías independientes la supervisión de los esfuerzos de un infractor de pagar con el tiempo sus multas y costos legales.

"Estos delincuentes ni siquiera deberían estar bajo libertad condicional si pudieran costear el pago inmediato y completo de estos costos en el momento de su sentencia", ha incidido la organización internacional en su comunicado.

"Los tribunales sentencian todos los años a varios cientos de miles de personas a libertad condicional supervisada por compañías privadas pero casi ninguna hace apenas nada para prevenir prácticas abusivas", ha resaltado Albin Lackey.

"Perversamente, algunos de los condados más pobres de Estados Unidos representan oportunidades de negocio de oro para la industria precisamente porque tantos residentes pasan apuros para pagar sus multas", ha remachado.