La Justicia europea avala el fin del canon digital pero cuestiona limitar la compensación en los presupuestos

El letrado, Maciej Szpunar, ha explicado que la normativa comunitaria "no se pronuncia sobre la forma, los métodos de cálculo o la financiación de la compensación" por la excepción de copia privada, ni establece quién es el deudor de la tasa. Ello supone que "no hay normas jurídicamente vinculantes" que exijan que sean los usuarios quienes financien la compensación.

"La fijación de dicho canon como único sistema de financiación tampoco es deseable, por razones prácticas vinculadas al desarrollo tecnológico actual", según ha indicado el TUE en un comunicado.

Sin embargo, el letrado avisa de que la base del perjuicio por copia privada no puede establecerse "a priori" y "de forma rígida" en un límite presupuestario, que no tenga suficientemente en cuenta el importe del daño sufrido por los dueños de los derechos copiados.

España asignó 8,6 millones de euros a la compensación en 2013 y 5 millones en 2014, mientras que las empresas que han impugnado la ley sostienen que el valor de los daños ascendieron a 18,7 millones de euros el primer año y a 15,2 millones el segundo.

La opinión del abogado, que no es vinculante pero que suele seguir el TUE en la mayoría de sus sentencias, responde al caso de tres entidades de gestión de derechos de autor (EGEDA, DAMA y VEGAP), que impugnaron la ley de 2012 que regula el nuevo sistema de pago de la compensación por copia privada.

Las empresas alegaron que la ley va en contra de la normativa comunitaria por permitir que sean los presupuestos generales y no el usuario de la copia privada quien soporte el coste de la compensación equitativa.

También argumentaron que fijar un límite presupuestario es contrario a la directiva de la UE, porque no se establece un "criterio objetivo de cálculo" para el perjuicio causado por las copias privadas.

La posición del abogado Maciej Szpunar responde a la pregunta del Tribunal Supremo de si el sistema español de compensación equitativa es conforme a las reglas de la UE.

Además de la Comisión Europea y de España, en este caso han presentado alegaciones otros gobiernos europeos, como el de Grecia, Finlandia y Noruega, ya que no es el único país que aplica un sistema de estas características.