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México pide ayuda a la CIDH para resolver el caso de los 43 'normalistas' desaparecidos en Iguala

México ha pedido formalmente la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para resolver el caso de los 43 'normalistas' (estudiantes de magisterio) desaparecidos el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala, estado de Guerrero.
"Nos presentamos hoy a rendir cuentas y a reiterar la voluntad del Estado mexicano de proseguir con una investigación imparcial y erradicar hechos de esta naturaleza", ha dicho la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón.
Limón ha asegurado que el Gobierno de México no pretende minimizar la gravedad de lo ocurrido en Iguala y ha ratificado que las autoridades federales "no descansarán hasta aclarar los hechos".
Por su parte, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, ha indicado que se trata de "hechos de extraordinaria gravedad" que "conectan lo que ocurre hoy con lo que ocurría en el sexenio anterior".
Álvarez Icaza se ha referido así al Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) que declaró una guerra al crimen organizado que se saldó con la muerte de 100.000 personas y 70.000 casos de desapariciones, muchos de los cuales siguen aún sin resolverse.
En respuesta, el subsecretario para Asuntos Ministeriales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, ha negado que haya "una política de Estado de violación de Derechos Humanos".
"El Gobierno mexicano asume "con toda responsabilidad el derecho a la verdad y a la justicia", ha sostenido, por su parte, Limón, en declaraciones recogidas por el diario local 'El Universal'.
Una de las propuestas que ha salido de esta reunión ha sido la posibilidad de crear una comisión integrada por miembros de la CIDH y de Naciones Unidas que dé asistencia técnica al Gobierno mexicano en la resolución de los casos de personas desaparecidas.
UN MES SIN NOTICIAS
Los 43 'normalistas' desaparecieron entre el 26 y el 27 de septiembre en el marco de una protesta contra la reforma educativa del Gobierno mexicano que desembocó en violentos enfrentamientos con la Policía que se saldaron con seis muertos y 25 heridos.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha confirmado que el Gobierno y la Policía de Iguala estaban confabulados con el 'mini-cártel' Guerreros Unidos para hacer desaparecer a estos 43 'normalistas', por lo que las autoridades mexicanas intentan identificarlos entre los restos hallados en fosas comunes.
La PGR ha emitido órdenes de captura contra Abarca y su mujer, que están en paradero desconocido. También acusa de este crimen al jefe de sicarios 'El Gil', así como al secretario de Seguridad Pública y al subjefe de la Policía municipal, Felipe Flores Velázquez y César Navas González.