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El Senado aprueba que los militares acusados de violaciones de DDHH sean juzgados por tribunales ordinarios

El Senado de México ha aprobado este miércoles por unanimidad la reforma que permitirá que los miembros de las Fuerzas Armadas del país que cometan violaciones de Derechos Humanos contra civiles sean juzgados por tribunales ordinarios, cumpliendo así con una sentencia del Tribunal Supremo y con una demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
La reforma, que había quedado pospuesta durante el mandato del presidente Felipe Calderón por la oposición de la cúpula militar, ha recibido 106 votos a favor y ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados. De ser condenados, los militares podrán purgar sus penas en prisiones castrenses.
Además del Código de Justicia Militar, la reforma modifica el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y la ley sobre readaptación social de sentenciados.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Roberto Gil, ha subrayado que la aprobación de la reforma es resultado de un equilibrio inédito, en el que se suman los puntos de vista de las fuerzas políticas, las organizaciones de derechos humanos.
"Hemos logrado que las Fuerzas Armadas participen en la construcción de un diseño institucional que les va a significar un cambio importantísimo en la forma en que trabajan, pero sobre todo que va a implicar un cambio profundo en la forma en que se imparte justicia en México", ha resaltado, según recoge 'El Universal'.
Con este paso, el Senado atiende además a una demanda de la CoIDH, que en 2009 ordenó al Estado mexicano ajustar sus leyes para garantizar que los integrantes de las Fuerzas Armadas que delincan contra la ciudadanía sean juzgados, tras resolver que soldados fueron responsables de la desaparición de Rosendo Radilla en 1974. Tras este caso, la CoIDH ha emitido otros fallos en casos similares.
Las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han denunciado que el número de casos de abusos y violaciones de los derechos de los ciudadanos han aumentado desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón recurrió al Ejército y la Marina para combatir a la delincuencia. Tras su llegada al poder, Enrique Peña Nieto también ha mantenido a las Fuerzas Armadas en esta tarea.