Los acusados por el caso tsunami llegan a un acuerdo con la Fiscalía chilena

"Se aprueba la suspensión condicional del procedimiento", ha dicho la jueza del caso, Carolina Guajardo, dando a conocer el acuerdo entre los imputados y el Ministerio Público, según informa el diario chileno 'La Tercera'.

Guajardo ha argumentado que, dada la intachable conducta de los acusados y que lo más probable es que el juicio no lleve a una sentencia condenatoria con penas de privación de libertad, lo más conveniente para ellos y las familias de las víctimas es la solución extrajudicial.

Los imputados se han comprometido a pagar entre todos y en tres plazos un total de 235 millones de pesos (305.000 euros) a las familias de las víctimas. El dinero será ingresado en una cuenta de la Fiscalía, que se encargará de redistribuirlo entre los destinatarios.

Además, los seis procesados tendrán que entregar otros diez millones de pesos (13.000 euros) para celebrar un seminario sobre desastres naturales que estará organizado por la Universidad de Chile.

Por virtud de este pacto también tendrán que pedir perdón públicamente. "Lamento las pérdidas de vidas que no pudimos salvar", ha dicho Patricio Rosende, ex subsecretario del Ministerio de Interior, uno de los acusados. "El dolor me acompañará por siempre", ha afirmado.

La ex directora de la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI), Carmen Fernández, imputada, ha asegurado que desde el día del tsunami vive "esta pesadilla" con "dolor e impotencia". Aunque "jamás podrá compararse con el dolor de las familias de las víctimas fatales", ha asumido.

El fiscal José Luis Pérez ha reconocido que la suspensión del procedimiento "nunca es una reparación completa para las víctima", sin embargo, ha sostenido que "en un caso como este exponer a las víctimas a largos periodos, meses declarando, era hacerles revivir un drama".

Para Pérez se trata de "una salida intermedia". "El hecho de que el Ministerio Público haya acusado a estas personas significa que tenían una responsabilidad, hasta ahí llega nuestra responsabilidad", ha subrayado el fiscal.

Los abogados de las familias de las víctimas acudirán a la Corte de Apelaciones de Santiago para que se celebre el juicio oral. "Aquí se perdió una batalla, pero no la guerra. Este es un fallo aberrante e injusto, por dignidad, por ética, tenemos el deber de apelar", ha dicho Raúl Mendoza, uno de los letrados.

El 27 de febrero de 2010, un terremoto de 8,8 en la escala de Richter sacudió la costa chilena. Las autoridades descartaron el riego de tsunami, lo que propició que la población permaneciera en zonas bajas, aumentando así el impacto del fenómeno marítimo que tuvo lugar.