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Al menos 54 indígenas han muerto de forma violenta este año en Colombia

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha afirmado que 54 indígenas han muerto de forma violenta en el país desde que comenzó 2012 y ha pedido la "intervención inmediata" de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y del asesor especial de la ONU para la prevención del genocidio.
Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto, la ONIC publicó este jueves un informe en el que denuncia el "genocidio" que están sufriendo los pueblos indígenas en Colombia.
Según los datos del informe, cuatro nativos murieron en combates entre el Ejército y las guerrillas, otros cuatro por la explosión de minas antipersona, seis a manos de las fuerzas del Estado, quince como consecuencia del "abandono" de las autoridades y a 25 los mataron personas "sin identificar". Además, las minas provocaron heridas y amputaciones a otros nueve.
Los pueblos indígenas más afectados por la violencia son los nasa (17 muertes) y los embera (quince), y la mayoría de los homicidios ocurrieron en los departamentos de Cauca (26 por ciento), Nariño y Risaralda. El estudio indica que entre enero y julio, 8.845 personas tuvieron que abandonar sus hogares para huir de los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y grupos armados ilegales.
La ONIC ha llamado la atención sobre el "genocidio en curso, con niveles especialmente dramáticos", contra las comunidades aborígenes de los departamentos de Nariño, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Meta y Guaviare.
En este contexto, ha recordado que, en un auto de 2009, la Corte Constitucional de Colombia identificó al menos 34 pueblos indígenas en estado de alto riesgo de exterminio a causa del conflicto armado y del desplazamiento forzado.
LA SITUACIÓN EMPEORA
Según los estudios realizados por la organización, las violaciones de los Derechos Humanos y las infracciones del Derecho Internacional Humanitario que afectan a los pueblos indígenas colombianos "tienden a aumentar" y "no hay expectativas reales de superar este estado de cosas inconstitucional".
Asimismo, considera que "el despojo territorial, el desplazamiento forzado, los homicidios selectivos, el reclutamiento forzado, la instalación de minas antipersona y la violencia sexual tienden a recrudecerse".
Ante esta situación, ha reclamado la "intervención inmediata" de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y del asesor especial de la ONU para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng.
También ha invitado al relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, y al Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas a visitar Colombia para que comprueben si el Estado está aplicando las recomendaciones que le han hecho en sus informes.
Además, la ONIC ha reclamado al Estado colombiano que cumpla lo que le ordenó la Corte Constitucional en su auto de 2009, entre otros fallos judiciales, y ha pedido a la Fiscalía General que investigue y acuse a quienes están infringiendo la ley en lo que respecta a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas.